La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha solicitado a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, que exprese su opinión sobre la anulación de la detención de Milagro Sala, quien se encuentra presa en la provincia de Jujuy, desde el 2016.

Este tribunal debe determinar si el escaño del Parlamento del Mercosur (Parlasur), para el cual la dirigente social fue electa, conlleva inmunidad parlamentaria. Una ley que regula la elección de estos parlamentarios dicta que los representantes argentinos son “asimilados en el derecho interno a diputados nacionales”. Sin embargo, una decisión de la Cámara Electoral del 2015 sostiene que las inmunidades o fueros deben ser consagrados en la Constitución.

Esta decisión es importante para determinar con claridad si detención de Sala puede ser considerada arbitraria.

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas afirma que la detención de la dirigente de la organización Túpac Amaru es arbitraria y solicitó su liberación inmediata.

La líder social se encuentra en prisión desde el 15 de enero de 2016, acusada de administración fraudulenta de fondos públicos. Desde entonces nuevas denuncias han sido agregadas en contra de la dirigente.

Sala aseguró no tener que "ninguna plata de las cooperativas como dice Gerardo Morales. La agrupación tiene más de 100 cooperativas y yo no presido ninguna de ellas".

Su abogada defensora, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que se trata de un procedimiento irregular porque “para dejar detenida a una persona tenés que tener semiplena prueba de que el hecho existió, de que ese hecho es un delito y de su responsabilidad en ese hecho.

Además, la defensa de Sala argumentó que la fiscalía de Jujuy no fundamentó el peligro de fuga que alegaron para detener a Sala y por esta razón ella debería estar esperando juicio en libertad.

Por estas razones, el tribunal argentino ha solicitado un informe de las causas de la justicia jujeña en contra de la diputada y una evaluación de su estado de salud y las condiciones de su detención. Aunque la opinión de la procuradora no es vinculante podría ser el fundamento para ordenar la liberación de la dirigente social.

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