El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró este martes la existencia de una campaña por parte de la "prensa corrupta" en América Latina, contra los gobiernos progresistas de la región.

Correa afirmó en una entrevista televisiva que las acusaciones de corrupción, primero en Brasil y luego en Ecuador, forman parte de una estrategia por parte de cierto sector de la prensa. 

En el caso de Brasil acusaron a la presidenta constitucional Dilma Rousseff y al expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva de formar parte de diversos actos de corrupción, a tan solo dos días de realizarse las elecciones presidenciales de 2014.

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Igualmente, el mandatario ecuatoriano indicó que no existe la corrupción masiva que había antes de la llegada al gobierno de la Revolución Ciudadana. Sectores como el de la Policía, el Registro Civil o las telefónicas fueron liberados de la corrupción general, informó el presidente.

Asimismo, Correa abarcó el caso de corrupción en Petroecuador y aseguró que "ya está resuelto". Reveló que el principal responsable es Carlos Pareja Cordero, socialcristiano y secretario privado del expresidente León Febres Cordero.

El jefe de Estado señaló que los medios de comunicación silenciaron el hecho, al no ser los implicados "políticamente correctos".

Por otra parte, al ser cuestionado con respecto al daño que sufriría la campaña electoral del Movimiento Alianza PAIS, tras las acusaciones de Carlos Pareja Yanuzelli (prófugo de la justicia ecuatoriana), sobre la supuesta implicación de altos funcionarios de su Gobierno en hechos de corrupción, Correa indicó que bajaron dos puntos porcentuales en la tendencia del voto, pero el efecto ya fue revertido.

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“Afortunadamente, la gente se dio cuenta de cómo ha sido engañada y tenemos una fuerte tendencia a subir”, añadió.

A su vez, enfatizó que estos hechos de corrupción son aislados y fue el Gobierno el primero en denunciarlos y en combatirlos.

En lo referente al caso de la empresa brasileña Odebrecht, confirmó que el Gobierno de Ecuador hizo contacto con la compañía en Washington para un acuerdo, con la finalidad de conseguir la lista con los nombres de los presuntos implicados en actos de corrupción.