¿Quiénes promueven el impeachment?

36 de los 38 diputados de la comisión especial de la cámara de diputados que votó a favor de la apertura de un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff son procesados por delitos de corrupción.

El periodista brasileño, Beto Almeida, explicó en entrevista especial para el sitio web de teleSUR, que 98 por ciento de la comisión especial es procesada, razón por la que considera incongruente que sean esta instancia la que defina no solo el destino de la jefa de Estado, sino del país entero.

Ante este panorama, argumentó que el proceso es una farsa política porque la única que no posee ninguna acusación por corrupción y que no está vinculada al caso Lava Jato, es la presidenta.

También, el periodista y director de Opera Mundi, Breno Altman, en entrevista para teleSUR indicó que de los 38 diputados que votaron a favor de someter a consulta del plenario de la Cámara de diputados la continuidad de la demanda de un impeachment contra Rousseff, unos 28 son señalados de evadir la justicia. 

"De hecho uno de los líderes del proceso de impeachment es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien es acusado por el desvío de millones de dólares a cuentas fuera del país", precisó, para recordar que el proceso responde a intereses de algunos actores pro golpistas.

El abogado general del Estado brasileño y defensor de la jefa de Estado, José Eduardo Cardozo, dijo que Cunha ha impulsado el proceso actuando por un deseo de "venganza", porque el Gobierno no le ayudó a evitar un proceso por presunta corrupción en la comisión de Ética de la Cámara.

Para que el proceso siguiera su curso, la Cámara de Diputados aprobó el pedido de juicio político con más de 342 votos, y el siguiente paso es que la demanda vaya al senado y, de aprobarse en esta instancia, la mandataria sería separada de su cargo por un máximo de seis meses a la espera de un veredicto, que estará igualmente en manos de la Cámara Alta.

Haga click en los nombres de los partidos y descubra a los diputados pro golpe y sus delitos:

¿Qué se busca con el juicio político? 

"La presidenta podría ser apartada del poder -por 180 días, periodo de duración del juicio político- (...) la oposición ve esto como una oportunidad para quitarla del poder de una forma simulada, una nueva estrategia para dar un golpe", sostuvo Altman.

Mientras que para Almeida, se está aprovechando que Rousseff ha perdido el apoyo de algunos partidos con representación en el Parlamento, para aprobar el juicio político.

Esta opinión es compartida por el politólogo y analista internacional Amílcar Salas Oroño, quien en entrevista para RT, dijo que la oposición está presionando un cambio de Gobierno para además desvincularse del escándalo de corrupción entorno a Petrobras. 

"El interés de los partidos opositores y los políticos opositores que en su momento se vieron bonificados por la resonancia y la amplitud que tuvieron las denuncias, ahora, al verse afectados también en las investigaciones judiciales, están tratando de lograr un cambio en el Gobierno, y un juicio político sería este cambio", afirmó el experto.

¿De qué se le acusa exactamente?

El periodista Almeida dijo que la mandataria es acusada de "haber irrespetado la Ley de Responsabilidad Fiscal, un proyecto neoliberal que limita enormemente los gatos del Estado para los proyectos sociales, pero permite pagos de grandes fortunas a los banqueros".

Asimismo, se le señala de haber cometido una pedalada fiscal, que son créditos suplementarios que todos los gobiernos han utilizado desde 1985, explicó Atman.

Las pedaladas fiscales consisten en anticipos de créditos, que cuando llegan a final de año se tratan de ajustar al presupuesto aprobado por el Parlamento. 

Según cita la BBC en su portal web, "es el dinero de los bancos públicos usado para cubrir programas de responsabilidad del gobierno". 

El periodista Altman detalló que esto siempre se ha practicado con la aprobación del Tribunal de Cuentas, que es un órgano accesorio del Congreso.

"Se está aprovechando las fragilidades que atraviesa  el Ejecutivo para poner abajo el proceso social iniciado en el año 2003 (...) las fuerzas se unifican alrededor de un pretexto para realizar el impeachment, haciendo ver que se practicó con una intención de fraude", destacó.

El argumento es que esa práctica está supuestamente prohibida por la ley de Responsabilidad Fiscal,por lo que el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de la presidenta. 

Altman subrayó que sobre Rousseff no hay ninguna sospecha de corrupción, tampoco es acusada de robar al Estado, ni de recibir propinas, contrario a sus acusadores del Parlamento que son investigados por delitos como el lavado de dinero.

¿Qué papel juegan los medios de comunicación?

Almeida  señaló a la prensa como un factor clave en el proceso que atraviesa la mandataria, puesto que lo que reflejan los medios no es la realidad y el Gobierno no cuenta con ningún medio de comunicación para comunicar eficientemente a la sociedad.

"Todos los medios son de oposición, actúan como oposición y se hacen ver como un partido político (...) es una combinación de golpe parlamentario con una cobertura mediática que promueve la imagen de la presidenta como una persona corrupta", señaló.

Los partidos de la derecha en Brasil son conocidos por ser de baja escala y con poca tradición, pero han aprovechado el apoyo de los medios que están a la vanguardia del golpe de Estado y constituyen el "eje de la conspiración contra la mandataria".

Estos, han generado la división de la población, la cual desde hace 40 días vive de una forma "intensa" ante el conflicto entre conservadores y progresistas, dividiendo incluso a las familias. 

 "Es una lucha desigual, las fuerzas populares andan por cuenta propia mientras que los poderes económicos tienen a favor a los medios y el apoyo de EE.UU.", opinó Almeida.

El verdadero objetivo de un golpe de Estado en Brasil

Almeida dijo que el juicio tiene un tinte político porque no hay pruebas contra la mandataria y solo busca impedir que continúen los cambios sociales en Brasil, para romper la participación del país en organismos como la Unasur y dificultar que sea la palanca para la integración latinoamericana. 

Asimismo, dijo que hay amplio interés de dominar a Brasil desde Estados Unidos (EE.UU.), por medio de la privatización de la estatal Petrobras, con la finalidad de acabar con el derecho de los trabajadores. 

Dijo que a la lista de motivos neoliberales para derrocar a Rousseff, se suma la clara intención de alejar a Brasil de Rusia con la intención de que no se siga armando para su autodefensa soberana. 

"Quieren someter al país a la política externa de EE.UU. porque les irrita que seamos soberanos", refirió.

En tanto, Altman dijo que aunque no se tienen pruebas de que Norteamérica esté vinculado al plan de desestabilización en el país suramericano, cree que le conviene "al imperio" todo lo que transcurre en Brasil.

"Por su peso en la economía, por su peso internacional, por su territorio, para cambiar el Estado progresista por otro que permita a EE.UU. recuperar la hegemonía política Latinoamericana, militar y económica", explicó.

Tanto Altman y como Almeida coinciden en decir que el escenario político actual en Brasil es similar al vivido en Paraguay previo al golpe de Estado contra el presidente Fernando Lugo, en el año 2012.

De hecho, indicaron que  la embajadora de EE.UU. en la nación suramericana es la misma que estuvo en Paraguay cuando ocurrió el derrocamiento de Lugo.

De igual forma, Cardozo expresó que todo forma parte de un movimiento político muy claro de sectores de la oposición que están aprovechando un momento de crisis económica para avanzar con pretextos jurídicos en una tentativa de impeachment que es claramente inconstitucional.