El próximo miércoles se debatirá en la Asamblea Nacional de Ecuador el proyecto de ley según el cual ningún funcionario público o dignatario de elección popular puede tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.

El pasado 19 de febrero, el más del 54 por ciento de los ciudadanos ecuatorianos votaron "Sí" para evitar las prácticas de evasión fiscal, mientras que el "No" obtuvo un 45 por ciento, decisión que recibió la admiración y el respeto de diversos sectores dentro del país e internacionalmente.

A su vez, el proyecto cuenta con el informe favorable de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que previamente recogió las opiniones y sugerencias de diversas instituciones inmersas en esta temática.

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En cumplimento de los principios de igualdad y seguridad jurídica se otorgará un período de gracia de un año para que los servidores públicos o dignatarios de elección popular cumplan las disposiciones de la ley cuando el Servicio de Rentas Internas (SRI) emita la lista de países o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales.

La Contraloría General del Estado tendrá la competencia de verificar el cumplimiento de la normativa y todas las entidades públicas y privadas deberán entregar información cuando la institución lo requiera. En el marco de una auditoría o examen especial, se encargará de solicitar a la autoridad competente, la destitución del servidor público infractor, caso contrario lo podrá hacer la máxima autoridad de la Contraloría en el término de 10 días.

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