La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió este viernes en La Haya con el fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang, de la Corte Penal Internacional (CPI), con quien abordó los efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE.UU. y otros países de Occidente para promover una política de “cambio de régimen” contra Estados soberanos e independientes.

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A través de un comunicado, la vicepresidenta venezolana manifestó: “Consignamos en el caso sobre el bloqueo criminal contra Venezuela (Venezuela II) el estudio publicado en la revista The Lancet que demuestra el impacto en la salud y la vida de los pueblos de las medidas coercitivas unilaterales. Esta investigación, que abarcó 152 países, determinó que más de 564.000 personas, desproporcionadamente menores de cinco años y adultos mayores, mueren todos los años producto de las ‘sanciones’ adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos de América y otros países de Occidente para promover la política de ‘cambio de régimen’. Esta cifra es similar a la tasa de mortalidad anual por conflictos armados”.

Añadió que “en este sentido, llamamos la atención del Fiscal Adjunto sobre la lentitud con que avanza este asunto, iniciado hace más de cinco años como resultado de una remisión realizada por Venezuela“, dijo en referencia al informe presentado por Caracas ante esta instancia para investigar a EE.UU. y otros países de Occidente por perpetrar crímenes de lesa humanidad tras la aplicación de sanciones.

Los EE.UU., la Unión Europea y otros Estados han impuesto a Venezuela más de mil sanciones, con efectos significativos en todos los ámbitos, según reconoció la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, quien exigió a aquellas naciones su derogación.

De acuerdo con el Mapa Geopolítico de Sanciones, hasta julio de 2025 un total de 37.563 medidas coercitivas unilaterales pesan sobre 30 países, impuestas por EE. UU., la Unión Europea y otros Estados. El 97 por ciento de estas medidas (36.324) se concentran en 9 naciones, y el restante 3 por ciento se distribuye entre 21. Entre las más agredidas por la guerra económica figuran Rusia, Ucrania, Irán, Venezuela, Belarús, la República Popular Democrática de Corea, Iraq y Cuba.

Además de crueles e inhumanas, son medidas ilegales e ilegítimas, aprobadas e implementadas de espaldas al derecho internacional y a los criterios de las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.

Las medidas de presión impuestas contra Venezuela hace más de diez años, catalogadas como misiles de la guerra económica por el presidente Nicolás Maduro, han provocado graves y negativas repercusiones en el ámbito humanitario, amenazando la vida y el bienestar de la población, con marcados impactos en el acceso, por ejemplo, a los servicios de atención sanitaria, medicamentos, vacunas, alimentos y en sentido general al goce de derechos básicos.

Pese a ellas, la economía venezolana mantiene un sostenido crecimiento por 17 trimestres consecutivos y se consolida como la de mayor dinamismo en la región. El presidente Maduro informó esta semana que esta creció 7.71% en el primer semestre de 2025.

En estos momentos Venezuela produce el 96 por ciento de los alimentos que se consumen en el país, como resultado de su plan de recuperación económica y la creación de motores productivos.

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