Como parte del esfuerzo del Estado bolivariano por proteger a sus connacionales de las políticas migratorias de Trump, este viernes arribó a la tierra de Bolívar y Chávez un nuevo vuelo del plan Vuelta a la Patria, que permitió el regreso de 251 connacionales, entre ellos un grupo de niños.

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El ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, manifestó que arribaron siete niños que fueron rescatados del secuestro a que los tenían sometidos las autoridades estadounidenses. Vienen al reencuentro con sus padres, abuelos, hermanos y su patria, apuntó Cabello.

«Los recibimos con medidas de seguridad, de atención, de revisión de cada uno de los que vienen en este vuelo. Es importante recordar que el plan vuelta a la patria es una idea del presidente Nicolas Maduro del año 2018», expresó el ministró.

Todos los niños y niñas que fueron separados de sus familias regresarán a la patria venezolana, aseguró la primera combatiente, Cilia Flores, quien recordó el compromiso del Gobierno Bolivariano de liberarlos a todos.

Previamente, Cabello refirió que un total de 8.283 venezolanos han llegado a Venezuela en los vuelos del Plan Vuelta a la Patria luego de permanecer secuestrados y perseguidos por las autoridades de los EE.UU.

La denuncia por la separación de niños y niñas de sus familiares directos por parte de las autoridades estadounidenses ha sido una prédica constante del Gobierno de Venezuela y tomó mayor relevancia tras el secuestro de la bebé Maikelys Espinoza, separada forzosamente de su madre (Yorelis Bernal) el 14 de mayo de 2024. El padre de la niña (Maikel Alejandro Espinoza) fue secuestrado y trasladado sin juicio previo a un centro de detención conocido como CECOT, en El Salvador.

El 29 de abril Venezuela inició una campaña internacional para la liberación de la niña, que incluyó actos, vigilias y movilizaciones populares, así como pronunciamientos institucionales y acciones de comités de solidaridad, capítulos de la Internacional Antifascista y organizaciones sociales en todo el mundo.

Para el primero de mayo, la movilización por el Día Internacional de los Trabajadores en Venezuela devieno en el primer acto multitudinario para reclamar la liberación de la niña Maikelys y denunciar una vez más las groseras violaciones de DD.HH. a que son sometidos los migrantes venezolanos bajo la Administración Trump.

Tras dos meses de batalla política, el 14 de mayo EE.UU. cedió a los reclamos venezolanos de devolver a Maikelys Espinoza a su madre. En las semanas siguientes, el Gobierno bolivariano reforzó la denuncia de otros casos de menores separados arbitrariamente de sus padres mientras estos eran deportados.

Ante la inacción del Alto Comisionado de la ONU para los DD.HH., Volker Türk, ante la violación de los derechos de las familias venezolanas, el primero de julio, la Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad declararlo persona non grata y, junto con él, a todo el personal de su oficina en Venezuela.

El 5 de julio la propia AN dedicó el Día de la Independencia a las madres y abuelas de los niños secuestrados en EE.UU. y el 11 de julio el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, confirmó que las autoridades venezolanas mantenían comunicaciones diarias con funcionarios de EE.UU. para lograr la liberación de los 31 niños secuestrados en ese país y de los 252 venezolanos retenidos arbitrariamente en El Salvador por orden del presidente Donald Trump. Expresó que su liberación constituye prioridad.

En las últimas semanas el presidente Maduro envió una carta a la representación de papa León XIV en Venezuela para que abogue por la devolución a las familias en Venezuela del grupo de menores retenidos por Estados Unidos.

La intensa batalla política -que también empleó vías legales y diplomáticas- transcurre en un contexto de permanente denuncia a la criminalización de la migración venezolana en EE.UU., narrativa artificial creada por la ultraderecha venezolana y usada por la Administración Trump para deportar migrantes de la nación suramericana.

En paralelo, el Gobierno Bolivariano ha desenmascarado a representantes de la derecha extremista que actúan como coyotes y construyeron un negocio a partir de la trata de personas. Esa actividad ilegal tiene lugar a la vista de las autoridades estadounidenses.

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