El Ministerio del Interior de Uruguay presentó en el Parlamento un plan de ocho medidas urgentes enfocadas en los módulos más críticos del ex-Comcar, el penal ubicado en Santiago Vázquez, donde a mediados de junio murieron cuatro reclusos en un incendio.

El ministro del Interior, Carlos Negro, compareció ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario y se comprometió a avanzar en la descentralización del Instituto Nacional de Rehabilitación, según señaló la cartera en un comunicado. Esta crisis carcelaria no es un fenómeno aislado en la región, países como Paraguay, Colombia y Ecuador -este último con la expresión más severa- también enfrentan desafíos similares en sus sistemas de atención a quienes cometen delitos.

Las ocho medidas anunciadas por el ministro Negro serán de «aplicación inmediata» y buscan abordar los problemas más acuciantes en el ex-Comcar, el reclusorio con la mayor población carcelaria del país.

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Entre las propuestas se destacan: La «descompresión» de cuatro módulos del ex-Comcar, el aumento del personal de custodia y la inversión en tecnología para instalar cámaras y sistemas de monitoreo.

Además, se prevé la contratación de centros especializados para mejorar la gestión alimentaria de los presos, la mejora de las condiciones de las salas de visita, la creación de programas de reinserción de los reclusos, con énfasis en servicios de estudio y trabajo, y la mejora de la comunicación con las familias de los internos.

El ministro Carlos Negro reconoció abiertamente que la criminalidad desde el interior de las cárceles a menudo «abastece o dirige» a las bandas delictivas que operan fuera de las prisiones, subrayando la urgencia de estas intervenciones.

La situación se agrava por incidentes como el reciente incendio que cobró la vida de cuatro presos, un hecho que puso en el centro del debate la necesidad de una reforma profunda.

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