El Organismo de Obras Públicas y Socorro de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) denunció este miércoles 21 de enero la demolición de sectores de su complejo principal en Jerusalén ocupada, calificando el hecho como una violación directa a la inmunidad diplomática de las instalaciones internacionales.

El comisionado general de la agencia, Philippe Lazzarini, sostuvo que el Gobierno de ocupación israelí carece de cualquier derecho legal sobre esta propiedad y que las acciones ejecutadas representan un desafío deliberado a las normas globales. Las operaciones de demolición contaron con la participación directa del ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben-Gvir, lo que fue interpretado por la organización como un acto de provocación política.

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Ante la gravedad de los hechos, la UNRWA exigió el cese inmediato de las incursiones, recordando que la presencia israelí en Jerusalén es ilegal bajo el marco jurídico internacional y debe concluir para garantizar la operatividad de la asistencia humanitaria. La agencia reiteró que estas medidas no solo vulneran la inviolabilidad de sus recintos, sino que atentan contra la estabilidad de los servicios básicos destinados a la población refugiada palestina en un contexto de asedio constante.

Las fuerzas militares israelíes asaltaron el complejo (UNRWA) en el barrio de Sheikh Jarrah, ejecutando la demolición de estructuras oficiales tras expulsar violentamente al personal de seguridad. Durante la incursión, los soldados izaron la bandera de Israel dentro del recinto multilateral, un acto calificado por el organismo como un ataque sin precedentes contra la diplomacia global.

“A new level of open and deliberate defiance of international law, including of the privileges and immunities of the United Nations, by the State of Israel.

Early this morning, Israeli forces stormed the UNRWA Headquarters, a United Nations site, in East Jerusalem.

Bulldozers… pic.twitter.com/mKHg30KG7p

— UNRWA (@UNRWA) January 20, 2026

Philippe Lazzarini, también advirtió que esta vulneración de la inmunidad diplomática sienta un precedente peligroso para cualquier misión internacional, mientras que Jonathan Fowler denunció que el derribo constituye una ruptura flagrante de los privilegios garantizados por el derecho internacional desde 1947.

Esta agresión forma parte de una política de persecución institucional ratificada por el Parlamento israelí en diciembre de 2025, mediante reformas diseñadas para expropiar los locales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y anular su estatus jurídico. La ofensiva se intensificó recientemente con el cierre de centros de salud en la Ciudad Vieja y la amenaza de cortar suministros vitales de agua y electricidad a todas las dependencias de la UNRWA.

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Según el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, estas acciones representan una escalada deliberada contra la asistencia humanitaria, utilizando la legislación interna para ignorar las obligaciones que Israel mantiene como Estado miembro de las Naciones Unidas respecto a la inviolabilidad de sus instalaciones.

La comunidad internacional, encabezada por Jordania, condenó el derribo como una maniobra para eliminar el derecho al retorno de los refugiados palestinos, protegido por la Resolución 194 de la Asamblea General. El Ministerio de Asuntos Exteriores jordano señaló que Tel Aviv busca desarticular el símbolo legal que representa la agencia, mientras que organizaciones locales exigieron acciones directas para frenar el asedio.

Pese a que el régimen israelí justifica la demolición bajo supuestos derechos de propiedad de su Autoridad de Tierras, el sistema multilateral reafirma que los convenios internacionales prevalecen sobre las leyes de ocupación, calificando el acto de confiscación como una violación sustancial a la soberanía de los organismos de socorro en territorio palestino.

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