UNICEF manifiesta preocupación ante nueva ley aprobada en Ecuador que endurece penas contra menores
La ley fue aprobada con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, de un total de 151 asambleístas.
El partido Revolución Ciudadana (RC) calificó la medida como una «aberración legislativa y una afrenta al Estado de Derecho». Foto: Asamblea Nacional de Ecuador.
25 de junio de 2025 Hora: 11:34
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el pasado martes la Ley Orgánica de Integridad Pública, una normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa que incluye el endurecimiento de penas para menores de edad; lo que generó preocupación por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que ha calificado las reformas como «regresivas» para el sistema de justicia penal juvenil y que «afectan gravemente a los adolescentes».
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El texto de la ley aborda cuatro ejes principales, entre ellos, la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país, donde se establecen penas de hasta quince años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos de gravedad relacionados con el crimen organizado.
Según el Gobierno, esta iniciativa busca disuadir a los adolescentes, ante la proliferación de su reclutamiento por parte de bandas criminales.
Esta ley tiene lugar cuando el presidente Noboa declaró una guerra a estas bandas a principios de 2024 para combatir la escalada de violencia criminal en el país.
Como parte de esta iniciativa, el ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que más de 3.500 menores fueron detenidos el año pasado como parte de las acciones de seguridad contra estas bandas.
En este sentido, Unicef enfatizó que este tipo de medidas «no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad».
Además, el organismo internacional advirtió que contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño, instrumentos internacionales ratificados por Ecuador.
Unicef también expresó su inquietud de que estas reformas «podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes».
Ante este escenario, Unicef instó a las autoridades del Estado a garantizar de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La Ley de Integridad Pública también introduce otras reformas significativas a diecinueve normas ya existentes.
Entre ellas, se destaca la prohibición de retorno al país por un período de 40 años para extranjeros que hayan sido expulsados de Ecuador tras cumplir penas de cárcel mayores a cinco años.
Si un extranjero incumple esta disposición, podrá ser declarado como un «objetivo militar» en caso de que persista el conflicto armado interno declarado por Noboa contra las bandas criminales.
Asimismo, la normativa otorga al presidente la facultad de disolver ciertas instituciones públicas y establece que las cooperativas de crédito y ahorro pasen del sistema de economía popular y solidaria al sistema financiero privado.
Inicialmente enfocada en reformas de contratación pública, la ley terminó incluyendo cambios más amplios, como la posibilidad de declarar en emergencia a la Función Judicial y realizar procesos expeditos de ingreso a la carrera judicial.
La aprobación de esta ley contó con la fuerte oposición del partido Revolución Ciudadana (RC), que calificó la medida como una «aberración legislativa y una afrenta al Estado de Derecho».
El partido sostiene que el texto de la norma no solo viola la Constitución ecuatoriana, sino que su procedimiento de aprobación fue presuntamente irregular, al haberse introducido modificaciones al texto durante el debate «sin devolver el texto a la comisión parlamentaria».
Autor: teleSUR - cns - CC
Fuente: Agencias
