El Gobierno de Donald Trump dio un nuevo paso en su ofensiva contra los inmigrantes. Esta semana, dos decisiones oficiales afectaron directamente a decenas de miles de personas migrantes, muchas de ellas centroamericanas, que residían legalmente o accedían a programas educativos en Estados Unidos.

LEA TAMBIÉN:

Política migratoria de Trump separa a otros tres niños venezolanos de sus madres

Por un lado, el Departamento de Educación anunció la revocación de una norma vigente desde 1997 que permitía a inmigrantes indocumentados acceder a fondos públicos destinados a programas de educación técnica, profesional y para adultos. Según la secretaria de Educación, Linda McMahon, la medida busca “garantizar que estos recursos beneficien únicamente a ciudadanos estadounidenses”. En palabras de la funcionaria: “Los contribuyentes ya no financiarán a inmigrantes ilegales en nuestros programas de educación”.

Esta decisión supone el desmantelamiento de una política implementada durante la administración de Bill Clinton, que reconocía el acceso a la formación profesional como un mecanismo de inclusión social.

Fin del TPS para hondureños y nicaragüenses

En paralelo, el Departamento de Seguridad Nacional informó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para cerca de 76.000 migrantes de Honduras y Nicaragua. Esta figura, vigente desde 1999, ofrecía protección contra la deportación a quienes huyeron de la devastación causada por el huracán Mitch en 1998, que dejó más de 10.000 muertos en Centroamérica.

La medida, que entrará en vigor el próximo 6 de septiembre, forma parte de un patrón más amplio del Gobierno de Trump para poner fin a este tipo de protecciones. Desde que inició su segundo mandato, ha eliminado el TPS para cientos de miles de ciudadanos de Venezuela, Haití, Afganistán y Camerún.

Mientras tanto, la administración de Joe Biden había prorrogado estas protecciones en 2023, argumentando que las condiciones que dieron origen al TPS, desastres naturales, crisis políticas y violencia estructural, seguían vigentes en la región.

Hoy, sin embargo, el panorama sigue siendo sombrío. El Departamento de Estado recomienda no viajar a Honduras ni a Nicaragua por razones de seguridad, detenciones arbitrarias y precariedad en los servicios médicos. Con la mayor intención de dañar la soberanía de ambos países.

Antonio García, viceministro de Relaciones Exteriores de Honduras, afirmó que la decisión estadounidense no fue dirigida únicamente a su país. “Le ha pasado a todos los países, y ahora nos toca a nosotros”, expresó.

El futuro de cientos de miles de personas que viven, trabajan y estudian en Estados Unidos queda ahora en suspenso, atrapado entre decisiones judiciales, arbitrariedades políticas y la falta de un enfoque humanitario en las políticas migratorias de la Casa Blanca.

EN ESTA NOTA: