La Administración republicana del presidente Donald Trump continúa su arremetida contra otro juez que aboga por la anulación de las pretensiones del actual dignatario que buscan despojar de los estatutos migratorios brindados a migrantes por la anterior gestión.

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Esta vez, la  Casa Blanca se opuso a la decisión de la jueza Indira Talwani, de Massachussetts  quien anuló la orden de Trump que revocaría el programa migratorio (parole humanitario) que posibilitaba un estatus legal a 530.000 personas de procedencia venezolana, cubana, haitiana y nicaragüense.

Sobre Talwani, la portavoz del Gobierno republicano, Karoline Leavitt, dijo que se trataba de una funcionaria, a la que calificó de «rebelde».

«Otra jueza distrital rebelde está tratando de bloquear los esfuerzos de deportación masiva del Gobierno», dijo, agregando que lucharán (los trumpistas) «en contra de los tribunales», dejando claro que apelarán ante esa decisión.

Con anterioridad, la actual Administración también criticó el posicionamiento contra el juez federal de California, Edward Chen quien bloqueó la intención del presidente estadounidense Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los ciudadanos venezolanos.

Chen pausó la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de retirar el estatus que protege a alrededor de 600.000 venezolanos de ser deportados a su país de origen y que entraría en vigor el próximo 7 de abril.

De acuerdo con el texto que contempla la decisión del juez, “el tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con: causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos”.

La Administración Trump con estas arremetidas en contra de jueces que se oponen a sus decisiones, deja claro que mantendrán una política radical con respecto al tema migratorio.

Estas promesas de masivas deportaciones vienen desde la campaña republicana, donde Trump catalogaba a los migrantes que entraron al país gracias a las aperturas legales del Gobierno de Joe Biden, de delincuentes, asegurando que muchos de ellos pertenecían a organizaciones criminales como el extinto Tren de Aragua y otras.

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