Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia del Perú, el país enfrenta una emergencia silenciosa: la trata de personas crece sin freno, mientras el Estado responde con indiferencia. En poco más de un año y medio, se han registrado 1,465 víctimas, cifra que representa casi un tercio del total reportado entre 2017 y 2025, según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.

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Pero los datos oficiales se quedan cortos. Solo en 2023, las fiscalías del país recibieron 2,783 denuncias por trata, según el Ministerio Público. Esta disparidad revela una falta de coordinación institucional y una alarmante opacidad estatal. “No se pueden diseñar políticas públicas sin información clara ni homologada”, advirtió Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y director de CHS Alternativo. Cada región, insistió, tiene realidades distintas que no están siendo abordadas por el gobierno.

Aunque Boluarte prometió en su discurso de Fiestas Patrias de 2024 “guerra frontal contra la trata”, alardeando de operativos y bandas desarticuladas, la realidad es otra. El IX informe de CHS Alternativo señala que tras la crisis política de 2022 —marcada por protestas, represión, 50 muertos y más de 800 heridos—, el Estado abandonó las políticas de prevención y atención a las víctimas.

Desde entonces, el gobierno ha emitido 77 decretos de estado de emergencia, centrados en el control del orden interno, dejando desprotegidas a poblaciones vulnerables, sobre todo mujeres jóvenes y migrantes. La desconfianza hacia la Policía Nacional se ha agudizado, dificultando aún más la denuncia y persecución de este delito.

En lo que va de 2025, se han registrado 213 nuevas denuncias. El 87.7 % de las víctimas son mujeres, en su mayoría entre 18 y 29 años, con estudios secundarios como nivel educativo predominante. Las formas de explotación más comunes son la sexual y la laboral. La informalidad estructural del país (en transporte, hotelería y sectores económicos enteros sin regulación) facilita el desplazamiento y explotación de las víctimas. “Esto abarata los costos para las redes criminales, porque el Estado no controla ni sanciona”, explica Valdés.

La trata, además, no actúa sola. Se alimenta y fortalece con economías ilegales como la minería, el narcotráfico y la tala ilícita. Bandas como el Tren de Aragua, Los Hijos de Dios y Los Pulpos operan en estas redes con total impunidad.

Pese a la magnitud de la problemática, la respuesta estatal es mínima. En 2023, solo el 0.003 % del presupuesto nacional se destinó a combatir la trata. Eso equivale a menos de 20 céntimos por habitante. “El presupuesto es ridículo. Este es un Estado que no previene, no atiende y apenas reacciona”, critica el director de CHS.

Además, recientes leyes impulsadas desde el Congreso han debilitado aún más la lucha. La Ley n.º 32108 excluyó a la trata de la lista de delitos considerados crimen organizado. Por otro lado, el Proyecto de Ley n.º 5712/2023, promovido por el congresista Alejandro Muñante, eliminó la obligación del Ejecutivo de informar al Congreso sobre este tema.

“Quisiera escuchar a la presidenta reconocer el crecimiento de las economías ilícitas, incluida la trata de personas, que está conectada con actividades como la minería ilegal… pero no tengo ninguna expectativa”, sentencia Valdés.

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