En medio de sistemáticos hechos de sicariato y extorsión contra transportistas en Perú, representantes de ese sector manifestaron este martes que irán a un paro general de 48 horas si se registra otro ataque contra unidades del transporte urbano y cuestionaron la ineficacia de las medidas tomadas por el Gobierno y las fuerzas del orden para detener la escalada de violencia.

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Este domingo, un bus de la empresa San Germán fue tiroteado mientras transportaba pasajeros. Ocurrió en el distrito San Martín de Porres, al noroeste de la provincia de Lima y perteneciente a la región metropolitana Lima-Callao. Videos difundidos a través de redes sociales captan el instante del ataque, cuando el vehículo fue baleado por el lado del conductor y recibió 12 impactos. El chofer sobrevivió. En otro ataque, el sábado, falleció un pasajero.

A través de un comunicado, el gremio Transportes Unidos aseveró que las cifras publicadas por el Ministerio del Interior y la Policía Nacional muestran que la criminalidad no ha disminuido. Por el contrario, los ataques son cada vez más violentos y frecuentes, afirman.

Los trabajadores demandaron que las FF.AA. y la Policía concreten un control territorial efectivo y presencia sostenida en las áreas más peligrosas, la captura de los responsables del ataque, acciones directas contra grupos delincuenciales que operan en áreas de Lima, que se desarticulen las mafias dedicadas a extorsionarlos y se amplíe el estado de emergencia, vigente en Lima.

«No nos someteremos al terror ni a la inacción del Estado», expresaron los trabajadores, quienes advirtieron que, si se produce un nuevo hecho delictivo contra sus unidades, activarán un paro de 48 horas como medida de defensa.

Por su parte, un vocero de los sindicatos transportistas en Lima y Callao, Martín Ojeda, exigió al Gobierno una respuesta contundente frente al crimen organizado. Queremos resultados, no solo buenas intenciones, comentó a horas de un encuentro con el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para abordar la situación de inseguridad y los constantes ataques contra conductores, que provocaron que un 25 por ciento de las plazas no estén ocupadas debido a los altos riesgos.

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