La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) protagoniza este jueves un Paro Nacional con más del 90 % de adhesión, según informó el propio sindicato. La medida se realiza en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, que limita el derecho constitucional a huelga y redefine la categoría de “servicios esenciales”.

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“Este Gobierno nos quiere hacer retroceder más de un siglo en materia de derechos laborales. Atacan el derecho de huelga porque es nuestra arma más letal”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional. El dirigente remarcó que la nueva norma es “ilegal e inconstitucional” y adelantó que el gremio no la acatará.

El nuevo decreto presidencial, publicado esta semana en el Boletín Oficial, reproduce elementos ya contenidos en el DNU 70/23, previamente declarado inconstitucional por la Justicia laboral.

La nueva norma establece que durante las huelgas en servicios esenciales se debe garantizar un 75 % de cobertura, y un 50 % en actividades catalogadas como “de importancia trascendental”, lo que restringe fuertemente la capacidad de los sindicatos para paralizar actividades como herramienta de presión.

Además, el decreto crea una Comisión de Garantías, un órgano que tendrá poder para calificar como “esenciales” nuevas actividades en función de criterios que van desde la vida y la seguridad hasta metas de recaudación fiscal, según lo estipulado por el polémico artículo 3 del texto.

Durante la jornada, sólo se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales. El paro afecta a sectores clave como la recolección de residuos, control sanitario en puertos y aeropuertos, educación, medios públicos, transporte, migraciones y plantas nucleares, entre otros. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) informó que sólo se permitirán vuelos sanitarios y oficiales.

ATE también exige la reapertura de paritarias, la restitución de fondos adeudados a las provincias, la reincorporación de trabajadores despedidos, el rechazo a la fusión de organismos públicos y la oposición a nuevas privatizaciones. Según Aguiar, desde la asunción de Milei, los trabajadores estatales perdieron más del 50 % de su poder adquisitivo, con aumentos del 5,4 % frente a una inflación acumulada del 11,6 % en 2025.

“Con esta gestión, el miedo se transformó en política de Estado. Nos quieren temerosos para que no reaccionemos. Con esta gente, el camino no es el diálogo, es la confrontación”, concluyó Aguiar, marcando el tono de lo que parece un conflicto de largo aliento entre el Gobierno y el movimiento sindical.

Abogados laboralistas como Matías Cremonte y Andrés Gil Domínguez advirtieron que el DNU 340/25 viola tratados internacionales y la Constitución Nacional, al ampliar excesivamente el concepto de servicio esencial.

“Es una maniobra para prohibir la huelga por la vía administrativa”, sostuvo Cremonte. Gil Domínguez fue más allá: “La Corte Suprema está en silencio, y su complacencia genera un daño irreparable al Estado de derecho”.

El DNU, que aparece bajo la fachada de una reforma al régimen de la Marina Mercante, modifica en su artículo 3 el capítulo de convenios colectivos de la ley laboral, lo que genera suspicacias sobre su legitimidad. Organizaciones sindicales y juristas preparan una presentación judicial colectiva, en lo que podría ser una nueva batalla jurídica que tensione aún más al oficialismo.

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