La Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) aprobó este lunes la reanudación del plan del presidente Donald Trump para desmantelar el Departamento de Educación, permitiendo el despido de al menos 1.400 empleados y la reestructuración de funciones clave de la agencia.

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Esta decisión, tomada con el voto en contra de los tres jueces progresistas, suspende una orden judicial previa que había bloqueado los recortes y cuestionado la legalidad del plan. El fallo anula la medida emitida por el juez federal Myong Joun en Boston, quien había ordenado un mandato judicial preliminar para revertir los despidos masivos y detener el proceso de desmantelamiento.

Según Joun, los recortes de personal “probablemente paralizarán al Departamento” de Educación, afectando su capacidad para cumplir con funciones esenciales, como la supervisión de programas de ayuda estudiantil y la protección de derechos civiles en la educación. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden mientras la administración Trump apelaba, lo que llevó el caso al máximo tribunal del país.

La decisión de la Corte Suprema representa una victoria para Trump, quien ha hecho del desmantelamiento del Departamento de Educación una de sus principales promesas de campaña. La medida busca reducir el rol del Gobierno federal en la educación, transfiriendo mayor control a los estados.

Un grupo de 21 fiscales generales, demócratas, distritos escolares y sindicatos presentaron demandas, argumentando que el desmantelamiento perjudicaría gravemente las operaciones del Departamento de Educación.

Organizaciones como Democracy Forward, que representa a algunos demandantes, calificaron el fallo como “un golpe devastador a la promesa de este país de garantizar educación pública para todos los niños”. Por su parte, la administración Trump ha defendido la legalidad de sus acciones, argumentando que reflejan la voluntad de los votantes y buscan optimizar la eficiencia del Gobierno.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump, había presentado un recurso ante la Corte Suprema de ese país norteamericano para desmantelar el Departamento de Educación. Este paso pretendía buscar la clausura de la entidad federal, transfiriendo su autoridad a los estados.

Según la Casa Blanca, el objetivo es presuntamente reducir el gasto público y devolver el control educativo a nivel local.

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