A dos meses de la desaparición de la presidenta de la comunidad Mapuche de Putreguel, Julia Chuñil, los miembros de esta comunidad chilena denuncian que el extractivismo empresarial y estatal está detrás de este hecho, señalando cómo los intereses coloniales y patriarcales alimentan un capitalismo destructivo y criminaliza a las comunidades.

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La desaparición de Julia Chuñil ha movilizado organizaciones en Chile y fuera de fronteras, que exigen al Gobierno de Gabriel Boric acciones urgentes para su localización.

Julia Chuñil Catricura, de 72 años, es una destacada defensora de los territorios y presidenta de la comunidad mapuche de Putreguel, en la Región de Los Ríos.

A pesar de las circunstancias de su desaparición, el Gobierno ha tardado en actuar, lo que provoca indignación en quienes conocen su labor y su importancia en la defensa del territorio.

Las movilizaciones por la desaparición de Julia han tenido lugar en diversas ciudades de Chile, así como en América Latina y Europa.

Los manifestantes enfatizan que es inconcebible que Boric, firmante del Tratado de Escazú, no haya dispuesto de forma rápida y sistemática una investigación para encontrarla con vida. Ante la presión comunitaria, el Gobierno finalmente ha propuesto implementar el protocolo de Escazú.

El caso de Julia no es aislado. Más de diez defensoras y defensores ambientales han desaparecido en Chile en los últimos años.

Este contexto rememora el crimen de Macarena Valdés, quien fue asesinada en 2016 tras oponerse a una central hidroeléctrica en el Río Tranquil. Los intentos de deslegitimar su muerte como suicidio no han logrado borrar la verdad de que fue un asesinato vinculado a su activismo.

Otro caso relacionado es el de Emilia “Bau” Herrera Obrecht, activista que fue asesinada en 2021 en el contexto de luchas por la recuperación territorial. Ambas mujeres compartieron el mismo empeño por proteger sus tierras de intereses empresariales, sufriendo amenazas y agresiones por su resistencia.

Julia, antes de su desaparición, también había recibido amenazas relacionadas con su territorio en disputa con un empresario forestal.

 Se trata de unas 900 hectáreas de bosque nativo en Máfil. Su negativa a vender a grupos madereros y su lucha por la restitución territorial se han convertido en un motivo de riesgo, llevando a Julia a advertir que “si me pasa algo, ya saben quiénes son los responsables”.

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