El viernes 11 de abril, el gobierno de Javier Milei ingresó formalmente a la que definió como “La Fase 3 de su programa económico”, con un paquete de anuncios que consolida el rumbo de “fuerte devaluación, ajuste fiscal, desregulación y reducción del gasto público”, tal como festejó el Fondo Monetario Internacional en el documento que publicó después de la cadena nacional del presidente.

Tras acordar un nuevo préstamo ilegal con el Fondo por 20.000 millones de dólares —el primer desembolso de u$s 12 mil millones se concretará el martes—, el ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó el viernes una nueva devaluación del 28%, un sistema de bandas cambiarias entre $1.000 y $1.400 y el desarme parcial de las restricciones para la compra y venta de dólares (el llamado “cepo”).

La nueva devaluación se aplicó horas después de que el Banco Central vendiera 400 millones de dólares de sus reservas: un escándalo que huele a información privilegiada y que equivale, para medir sus dimensiones, al presupuesto anual del CONICET, o el monto que se necesita para reconstruir Bahía Blanca, como expresó la ex presidenta Cristina Kirchner en X. En paralelo, se activó el mecanismo para que los grandes jugadores del mercado compren barato antes de la corrida, fugen con dólar alto y profundicen la bicicleta financiera. El gobierno dilapidó 5.000 millones de dólares de las reservas solo en los primeros tres meses del año.

Caputo evitó hablar de la suba de la inflación, anunciada unas horas antes por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): el índice de marzo fue del 3,7%, acumulando en los primeros tres meses del año, un 8,6%. Este dato, muestra una aceleración respecto al 2,4% de febrero, impulsada principalmente por la suba de los alimentos (5,9%), golpeando de lleno en el poder adquisitivo de las clases más empobrecidas de nuestro país. Las consecuencias de este nuevo paquete serán inmediatas.

La idea de que la inflación está bajando es una ilusión sostenida sobre el congelamiento del gasto público, los salarios estatales y las jubilaciones, combinada con una recesión profunda. ¿Qué pasará ahora, con un tipo de cambio más alto y mayor exposición a la volatilidad del mercado global? Todo indica que los precios volverán a subir mes a mes, y que el gobierno se quedará sin una de sus pocas banderas: eliminar la inflación. El escenario parece complicar al oficialismo para sostener el relato hasta las elecciones de este año, sin dejar de “hacer los deberes” con el Fondo: ni acuerdos de precios, ni políticas de subsidios, ni programas para recomponer el poder adquisitivo.

El panorama que se viene está escrito en el acuerdo con el FMI, que exige al gobierno reformas estructurales. Como lo indica el propio informe del organismo, la sostenibilidad del programa «dependerá de la aprobación política de reformas estructurales para flexibilizar el mercado laboral, fortalecer la sostenibilidad del sistema previsional y mejorar el clima de inversión».

El eje del acuerdo es el compromiso con el déficit cero permanente, que Milei deberá convertir en ley antes de 2026, según el texto de dicho acuerdo. Para lograrlo, el plan contempla recortes en subsidios a la energía y el transporte, eliminación de agencias estatales, privatizaciones de empresas públicas y una reforma tributaria «neutral» que apunta a eliminar impuestos progresivos y reducir la presión sobre sectores concentrados .

En paralelo, el Fondo Monetario impulsa una mayor apertura económica, con levante gradual de los controles de cambio y flexibilización total del tipo de cambio, lo que profundiza la dependencia del dólar en la economía local. También se anticipa una liberación del flujo de capitales, incluso para el pago de dividendos al exterior.

Se destaca la exigencia de una «reforma laboral que aumente la flexibilidad», lo que implica facilitar los despidos, eliminar las regulaciones laborales y debilitar la negociación colectiva . Además, pide la eliminación de los límites a tasas mínimas de crédito para pymes y la reducción de los programas de financiamiento dirigidos al empleo formal. Será el tercer intento de legalizar la reforma: el primero fue el DNU 70, el segundo, la Ley Bases.

En cuanto a la reforma previsional, el organismo insiste en la necesidad de “mejorar la sostenibilidad del sistema”, con medidas orientadas a reducir el gasto previsional. Entre ellas, se menciona explícitamente el “ajuste de los parámetros del sistema”, lo que en la práctica supone aumentar la edad jubilatoria: pasaría de los actuales 60 a 65 años para las mujeres y de los actuales 65 a 68/70 años para los varones; aumento de los años de aporte: de 30 a 35 años; y la implementación de un subsistema de capitalización individual, al estilo de las AFJP, que conviva con el sistema de reparto. El FMI también reclama que se terminen definitivamente los planes de pago de deuda previsional, conocidos como “moratorias” (InfoGremiales, 13 de abril de 2025).

La apuesta es clara: achicar el Estado, eliminar derechos laborales, licuar las jubilaciones, privatizar el sistema previsional -como en los 90-, y facilitar las condiciones para la acumulación de capital por parte de los sectores más concentrados.

Además del desembarco del FMI, el lunes aterriza en Buenos Aires Scott Bessent, Secretario del Tesoro del gobierno de Donald Trump, «para afirmar el pleno apoyo de Estados Unidos a las audaces reformas económicas de Argentina”. Bessent es un  financista vinculado a BlackRock y ex socio del magnate George Soros. Según comunicó el Ministerio de Economía, Bessent llegará además para «explorar oportunidades de inversión». La intervención de Bessent fue central para destrabar el acuerdo técnico y posibilitó la ampliación del crédito de Argentina con el FMI.

Bessent no solo representa a Trump: es uno de los principales exponentes del capital financiero global.  Lejos de la retórica soberanista del gobierno argentino, del «no dependemos de nadie», lo que se observa es una injerencia creciente del gobierno norteamericano y los grupos financieros en la política interna, avalando un modelo antipopular y de sometimiento de los intereses nacionales a cambio de acceso a deuda.

Una deuda ilegal y odiosa que, como en tiempos de Mauricio Macri, se utiliza para financiar la fuga, no la inversión. La cifra  de 42.000 millones de dólares es el total del operativo internacional que se activó para salvar a Milei de una debacle política, que incluye el aporte del FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, y que se suma a la deuda exorbitante que acumula el Estado argentino.

La “Fase 3” no significa crecimiento, ni producción, ni redistribución, significa libertad absoluta para los mercados y cerrojo para los derechos de las mayorías. Como señala el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la liberalización del dólar permitirá que los exportadores liquiden a precio alto y los grandes fondos salgan del país sin restricciones, mientras les trabajadores siguen atados a precios que no paran de aumentar y una canasta básica de alimentos que las familias no logran cubrir con los ingresos, a pesar del pluriempleo (cada vez más precario) y el endeudamiento de sus hogares.

Entonces, ¿quiénes ganan con el programa de gobierno? Los bancos, el complejo agroexportador, empresas tecnológicas, los fondos de inversión y los sectores energético y minero. Desde la Asociación Empresaria Argentina (AEA), hasta el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), la Cámara de Comercio norteamericana en la Argentina (Amcham), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) y los mayoristas (Cadam), la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), la Sociedad Rural Argentina (SRA) -y la lista sigue-, festejaron públicamente los anuncios del gobierno.

¿Quiénes pierden? Los sectores populares: Les jubilades, les trabajadores, las pymes. La estrategia de Milei es un esquema de valorización financiera, respaldado por Washington y ejecutado por CEOs. Y aunque los números del primer trimestre se utilicen para mostrar “éxito”, lo cierto es que la economía real está paralizada, con un desplome de 12% en la actividad industrial y más del 60% de los hogares por debajo de la línea de pobreza.

Como explica el economista Horacio Rovelli, existe una relación inversamente proporcional entre el precio del dólar y el valor del salario: si el dólar sube el salario real cae. Dada la recesión provocada por el contexto externo y la devaluación de la moneda nacional, se pretende imponer una mayor flexibilización laboral que reduzca el costo empresarial de despedir trabajadores, generando un elevado desempleo para disciplinar y desfinanciar a los sindicatos, aumentando las condiciones para que los ingresos sigan cayendo.

La pregunta que queda es política: ¿Cuánto tiempo más podrán sostener este modelo y su relato de “estabilidad” económica? El gobierno juega sus fichas a la obediencia del Congreso y a la represión de la calle. La salida de la crisis dependerá en gran medida del grado de articulación política de los actores que conforman la fuerza de oposición política, sintetizando las demandas de las grandes mayorías excluidas y su capacidad de denunciar una nueva deuda odiosa que busca hipotecar los destinos del país.

EN ESTA NOTA:

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