Los militantes argentinos denunciarán nuevamente la reforma a la Constitución provincial de Jujuy impuesta por Gerardo Morales.

Comunidades indígenas anunciaron este jueves que denunciarán ante Naciones Unidas (ONU) las graves violaciones a sus derechos que ocurren en la provincia de Jujuy, en el noroeste del país, y en todo el territorio argentino.

LEA TAMBIÉN:

Denuncian situación precaria de pueblos originarios en el Chaco argentino

En este sentido, referentes de comunidades indígenas de Jujuy junto al Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas (ILRC) viajaron a Ginebra, Suiza, en el marco de la 57 sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Sobre las recientes políticas discriminatorias y la represión violenta llevadas a cabo por el gobierno provincial de Jujuy contra las comunidades indígenas durante lo que se conoció como el jujeñazo ocurrido en 2023, los representantes de las comunidades abordarán críticamente las implicaciones para el contexto argentino y de sus comunidades.

“Con la reforma de la Constitución de Jujuy, DNU 070, ley bases, Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y convenio con empresa Mekorot, se profundizará la violencia institucional, la violación de derechos humanos y Tratados Internacionales”, puntualizó el dirigente del pueblo indígena Ocloya e integrante del Tercer Malón de la Paz, Néstor Jerez.

De igual manera, los militantes argentinos denunciarán nuevamente que las reformas a la Constitución provincial de Jujuy “se han llevado a cabo sin respetar el principio jurídico bien establecido del Consentimiento Libre, Previo e Informado establecido en el Convenio 169 de la OIT, y ratificado por Argentina en 1992”.

Dicha omisión viola directamente los artículos 3, 4, 19 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Al ser Jujuy una provincia clave porque concentra el 43 por ciento del litio extraído en Argentina, los indígenas abordarán el contexto donde se enmarca dicha reforma constitucional en la política nacional de promoción de la explotación del litio que, desde la aprobación de la Ley Bases, que tiene su vía libre a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Uno de los casos que serán expuestos en la ONU tiene que ver con la comunidad indígena El Angosto (Jujuy) donde casi el 80 por ciento de una mina de litio se superpone a las tierras legalmente reconocidas de la comunidad Kolla.

La reforma Judicial

La reforma constitucional que impulsó el gobernador Gerardo Morales se trató de la modificación de 66 de los 212 artículos que contiene la Carta Magna local. Entre ellos, se propuso la posibilidad de reelección en la gobernación, prohibición de indultos por corrupción, modificaciones en el sistema político y judicial, achicamiento del Estado, provincialización de recursos estratégicos como el litio, prohibición de tomas de tierra y criminalización de la protesta social

De acuerdo con la plataforma Latfem, durante el viernes 16 de junio se votó la reforma y, finalmente, el 20 de junio, a las 4 de la madrugada los constituyentes juraron la nueva Constitución de la provincia.

“El nuevo texto le fue impuesto al pueblo jujeño, a las comunidades indígenas, campesinas, a les docentes, a las mujeres y personas LGBTINB+” declararon, al tiempo de alegar que el resultado de esta nueva carta magna “llamó atención porque su contenido es contradictorio a los principios consagrados en la Constitución Nacional de la República Argentina y de los Tratados Internacionales —como la limitación al derecho a la protesta y a las tierras de los pueblos originarios—“.

“Esto ocasionó que el pueblo iniciara manifestaciones sociales pacíficas con la consigna de “NO A LA REFORMA”, a las que el gobierno decidió responder con brutales represiones y privaciones ilegítimas de la libertad. La situación despertó una controversia a nivel nacional que fue alimentada por el contexto electoral y la desinformación de algunos medios de comunicación”, puntualizó la plataforma.

Tercer Malón de la Paz

De acuerdo con la plataforma Agencia Viva, el Tercer Malón fue motivado, principalmente, por la reforma constitucional del gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, sancionada en tiempo récord y de forma inconsulta. Entre otros aspectos, impuso límites a la protesta social, modificó la composición de la representación del Poder Legislativo y dejó zonas grises respecto a los territorios de las comunidades indígenas.

Los indígenas del Malón tienen claro que las empresas extractivistas, así como los dirigentes políticos capitalistas desprecian a los pueblos indígenas y, por otro lado, desean los territorios para entregarlos al extractivimo (megaminería, agronegocio, explotación petrolera y forestales, entre otros).

EN ESTA NOTA: