La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) ha clasificado oficialmente al partido Alternativa para Alemania (AfD) como un movimiento de extrema derecha, citando el carácter extremista de su ideología y su incompatibilidad con el orden democrático constitucional.

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La decisión se basa en una investigación de tres años, en la que los servicios de inteligencia alemanes concluyeron que el partido promueve una concepción étnica excluyente que «menosprecia la dignidad humana» y busca excluir a ciertos grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad.

AfD ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, consolidándose como la segunda fuerza política en Alemania tras las elecciones generales de febrero de 2025, donde obtuvo 20,8 % de los votos y 152 escaños en el Bundestag.

Su ascenso ha generado preocupación en el gobierno y en sectores democráticos, debido a su retórica antimigrante y su postura contra la integración de musulmanes en la sociedad alemana.

La clasificación como «caso seguro de extremismo de derechas» permite a las autoridades alemanas intensificar la vigilancia sobre el partido, incluyendo el monitoreo de reuniones y comunicaciones privadas.

Los líderes de AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, han rechazado la medida, calificándola como un «duro golpe a la democracia» y acusando al gobierno de intentar desacreditar a la principal fuerza de oposición. Han prometido acciones legales contra lo que consideran una «intervención política» en el proceso democrático.

La ministra del Interior en funciones, Nancy Faeser, defendió la decisión, afirmando que se trata de una «evaluación clara e inequívoca» basada en un informe de 1.100 páginas.

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