También son acusados el exjefe del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, el exministro de Defensa, Jorge Chávez y el exministro del Interior, Vicente Romero.

La presidenta de Perú Dina Boluarte fue acusada, junto a otros representantes de su Gobierno por la Fiscalía peruana, la cual presentó formalmente una denuncia constitucional por la represión ocurrida y el asesinato de personas bajo las protestas contra su Gobierno.

Esto ocurre luego de que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales expusiera la medida frente al Congreso de la República, ente que recientemente se opuso a otra acusación constitucional en contra de Boluarte por delitos muy similares.

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“Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, presentó denuncia constitucional contra Dina Boluarte y otros, como presuntos autores de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en el contexto de violaciones a los DD. HH”, apuntó el Ministerio Público del Perú.

Los delitos señalados por la Fiscalía son homicidio calificado, “en agravio de Cristian Álex Rojas y otros”, lesiones graves, lesiones leves”, en el contexto de “las protestas sociales ocurridas en el periodo comprendido entre el 7 de diciembre de 2022 al 9 de febrero de 2023 en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Junín, Ucayali, Puno, Lima y La Libertad”.

Los acusados también son los exministros Pedro Angulo, Luis Alberto Otárola, Jorge Luis Chávez, César Augusto Cervantes, Víctor Eduardo Rojas y Vicente Romero.

El Ministerio Público detalló que los delitos se sustentan en la muerte de  44 personas  y 116 que resultaron lesionadas de manera grave durante las manifestaciones del 7 de diciembre del 2022 al 9 de febrero de 2023.

De igual manera, el ente resaltó que las autoridades judiciales archivaron al delito de genocidio, como lo había comunicado el actual titular del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

La represión en las protestas, de acuerdo a la Fiscalía dejó un saldo de “44 personas fallecidas (41 por acción de proyectil de arma de fuego y tres por golpe con objeto contundente), y 116 personas que sufrieron lesiones graves y leves (78 ocasionadas por proyectil de arma de fuego, 27 por golpe con objeto contundente, 6 por bomba lacrimógena, y 5 por otros objetos)”.

Aunque la Fiscalía presentó la denuncia archivó la investigación contra Dina Boluarte por el delito de genocidio.ç

Por su parte, la militante peruana del partido Nuevo Perú y candidata a la presidencia del país, Verónica Mendoza puntualizó en referencia a Luis Alberto Otárola que “nuestra lucha es por justicia y dignidad; para que los asesinos como usted paguen por sus crímenes. Odio racista y clasista es aquel con el que usted promovió el asesinato de personas inocentes cuando era ministro de Defensa y Premier”.

Asimismo Nuevo Perú había convocado el 27, 28, y 29 de julio a movilizarse por “la justicia y dignidad en respaldo a las familias de las víctimas de la dictadura y en rechazo a la coalición mafiosa entre el gobierno de Dina Asesina y el Congreso corrupto”.

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