Para analistas y dirigentes populares, el actual alineamiento militar con Washington no solo vulnera la Constitución, que desde 1994 prohíbe la existencia de fuerzas armadas, sino que “liquida” la histórica neutralidad del istmo para convertirlo en una pieza bélica del Pentágono.

Ciudadanos panameños fueron financiados para realizar actos vandálicos y luego regresar a panamá donde recibirían pagos de entre 1.000 y 1.500 dólares cada uno.

El Gobierno venezolano exige garantías de no repetición tras la violación de la inviolabilidad diplomática en el aeropuerto de Tocumen, un principio protegido por la Convención de Viena de 1961.

“Ha sido un juego bien complicado para ambos equipos”, reconoció Rivera, luego de que las Águilas Metropolitanas se impusieran 7-6 sobre la selección de Cuba en la Serie de las Américas Gran Caracas 2026.

Panamá se ha erigido en revelación de la Serie de las Américas. Su mánager, Rubén Rivera, señala al cuerpo técnico y un grupo de jóvenes “que tienen ganas de ganar”.

En Caracas, donde la memoria pesa más que los colores, Gabriel Noriega escribió una de esas historias que solo el béisbol permite: la del héroe que regresa a casa para conquistarla desde el bando contrario.

La Administración de Hong Kong instó al Gobierno de Panamá a respetar el espíritu de los contratos firmados y a garantizar un marco de competencia justo y equitativo para las compañías que operan bajo el amparo de la ley.

Panama Ports Company (PPC) acudirá de manera “activa y resoluta” a arbitraje internacional bajo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, denunciando el fallo judicial y las acciones del Gobierno panameño.

Desde Beijing han denunciado que Washington presiona a CK Hutchison para forzar la venta de los puertos del canal de Panamá a consorcios vinculados a intereses estadounidenses, entre ellos el grupo BlackRock.

El presidente de Brasil criticó la imposibilidad de organismos regionales de consensuar una postura para condenar «intervenciones militares ilegales».

Los datos revelan que el 76,3 por ciento de los ciudadanos evalúa negativamente la gestión presidencial, calificándola como mala o muy mala.

Sectores críticos señalan que la narrativa de “cooperación” encubre procesos de militarización que afectan la soberanía regional y alinean a los ejércitos latinoamericanos con intereses extranjeros.

Entre el 12 de enero y el 26 de febrero, fuerzas panameñas y estadounidenses realizarán ejercicios conjuntos para fortalecer la seguridad nacional y la protección del Canal, en medio de recelos históricos por la presencia militar extranjera.

El monumento “era testimonio del sacrificio de miles de trabajadores chinos que dieron su vida en la construcción del ferrocarril transístmico y el Canal de Panamá”, dijo el portavoz de la Cancillería.

El monumento en honor a la comunidad china en Panamá había causado descontento a los secretarios de Guerra y de Estado de EE.UU. a principios de 2025.

El derribo no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un contexto de presiones externas y desafíos a la soberanía panameña.

Frente a la embajada estadounidense se evidenciaron también muestras de solidaridad con Venezuela, ante las actuales amenazas de agresión.

La agresión militar provocó el asesinato de al menos 560 personas plenamente identificadas y dejó más de 2.000 heridos

La ruta Ciudad Panamá-Maracaibo contará con una frecuencia diaria y devendrá alternativa parcial ante la suspensión de vuelos hacia Caracas provocada por la amenaza de intervención de EE.UU.

El Gobierno venezolano denunció que esta ola de suspensiones no obedece a razones técnicas reales, sino a una estrategia política impulsada por Estados Unidos para alimentar una narrativa de inseguridad aérea con el fin de justificar medidas que afecten directamente al país.

Según SIELAS, la decisión se adoptó porque «no se ha llegado a acuerdo» en tres cláusulas esenciales del convenio colectivo: aumentos generales de salario, donación a SIELAS y duración del convenio.

La Embajada de China en Panamá insiste en que la característica distintiva de la cooperación China-América Latina es su apertura, inclusión, beneficio mutuo y desarrollo compartido.

El 90 % de los fallecimientos por ahogamiento se produjo en el contexto del trayecto hacia la escuela. La mayoría de los fallecidos eran niños entre 5 y 12 años.

Organización Conato sostiene que el Gobierno quiere acallar las voces contra la corrupción, el desempleo y el deterioro de los derechos laborales

Esta decisión del Consejo de Seguridad, impulsada por EE.UU. y Panamá para supuestamente combatir a las pandillas, abriría la puerta a acciones militares fuera del marco legal internacional.

Un reciente sondeo reveló un masivo rechazo ciudadano a cualquier participación de Estados Unidos en el Canal, junto a una creciente crítica sobre su administración y la falta de beneficios directos para la población.

Los panameños también manifestaron su visión sobre el futuro de la nación y más del 40 por ciento de los interrogados expresó pesimismo.

Organizaciones sociales panameñas han denunciado que las maniobras conjuntas violan acuerdos de neutralidad y comprometen la soberanía del país.

El Capítulo Provincial de Panamá Centro de la Coordinadora Nacional de Solidaridad con Cuba en Panamá destacó que las intervenciones extranjeras solo traen «devastación y sufrimiento».

“Las amenazas de injerencias presionan a las instituciones democráticas y comprometen la construcción de un continente integrado, desarrollado y autónomo», declaró el presidente Lula ante las intenciones injerencistas de EE.UU.

Con vista a las elecciones generales de 2029, el Frente Amplio por la Democracia eligió a Maribel Gordon como presidenta y se prepara para competir con un proyecto progresista centrado en la soberanía y los derechos humanos.

Jefe del Comando Sur sostuvo reuniones con altos funcionarios de seguridad e inspeccionó el destructor USS Sampson, desplegado en el mar Caribe para amenazar a Venezuela.

Saúl Méndez, secretario general de Suntracs, denunció la ola represiva contra movimientos sociales, el entreguismo del actual Gobierno panameño y los intentos de intervenir en el sindicato para debilitarlo.

El Ministerio de la Mujer, creado en 2023, representa un logro significativo tras años de lucha por parte de los movimientos feministas panameños.

Las órdenes contra líderes sindicales de Suntracs y sus defensores forma parte de una persecución política orquestada desde el Estado panameño para desarticular a una de las organizaciones sindicales más combativas del país.

Denuncia el autoritarismo de un Ejecutivo aliado de poderes económicos corruptos y la venta de la soberanía a los EE.UU.

El presidente José Raúl Mulino afirmó que Suntracs es una organización donde operan elementos mafiosos y violentos.

En los últimos meses, SUNTRACS ha denunciado reiteradamente una escalada de persecución por parte del Gobierno, que criminaliza su defensa de los derechos de los trabajadores.

Arielis Barría afirmó que, pese a llamar a la calma y rechazar la violencia, fue golpeada y posteriormente trasladada a la subestación policial de la zona.

SUNTRACS ha denunciado una campaña de criminalización que ha implicado el congelamiento de sus cuentas bancarias, la apertura de procesos penales contra más de 120 trabajadores, detenciones arbitrarias y medidas restrictivas contra varios de sus dirigentes.

Entre los casos más impactantes se encuentra la muerte de una niña, quien perdió la vida luego de que agentes policiales lanzaran gases lacrimógenos a su vivienda.

El epicentro del terremoto se localizó en el océano, lejos de la costa, lo que redujo el impacto inmediato en tierra firme.

El embajador de Cuba en Panamá, Víctor Cairo, denunció públicamente la existencia de acciones terroristas contra su país, patrocinadas y organizadas desde Estados Unidos.

La UNESCO amplió su lista de Patrimonio de la Humanidad, sumando sitios de gran valor natural y cultural en distintas partes del mundo.

La Asamblea Nacional de Panamá logró en 11 días lo que el Gobierno de José Raúl Mulino no logró por sí mismo en más de 70 días.

En Panamá, el Código de Trabajo no se aplica a los servidores públicos, lo que históricamente ha generado vacíos legales y conflictos sobre la garantía de sus derechos laborales.

“Es una acción arbitraria y afecta psicológicamente a las familias”, dijo el dirigente de la Asociación de Profesores de Panamá, Diógenes Sánchez.

Durante el Gobierno de Mulino se instauró la denominada Operación Omega que desplegó a más de 1.300 agentes de seguridad para reprimir las manifestaciones.

La gestión de Mulino ha estado marcada por una fuerte represión de la protesta social y una política de entreguismo.

Fernando Ábrego: “Queremos volver a las aulas, pero bajo condiciones de justicia social y respeto a nuestras garantías”.

La comunidad LGBTI marchó en diferente puntos del continente por el fin de la discriminación y en favor de sus derechos.

Miles de universitarios, profesores y ciudadanos han marchado desde hace semanas en el país centroamericano para rechazar, entre otras medidas, un memorando de entendimiento firmado con EE.UU.

El gobierno reprime mediante el estado de urgencia con el cual se suspenden derechos fundamentales como la libertad de tránsito, reunión, expresión y el acceso a internet y telefonía móvil,

La población panameña, especialmente los sectores populares, se mantiene firme en la defensa de la soberanía nacional y exige la derogación del acuerdo suscrito con Estados Unidos, la anulación de la Ley 462 del sistema de pensiones y el cese definitivo de los proyectos de minería a cielo abierto.

El estado de excepción, el cual fue decretado el pasado 20 de junio, se mantendrá vigente hasta el 29 de junio de 2025

El decreto 27 infringe los artículos 4 y 17 de la Constitución, que establece que Panamá debe acatar las normas de derecho internacional.

El gobierno de José Raúl Mulino impone estado de urgencia, suspende derechos constitucionales y silencia las protestas sociales

Esta decisión, que suspende temporalmente garantías constitucionales, se produce en un escenario de escalada de violencia, enfrentamientos y un palpable temor a la judicialización de manifestantes.

Entre tanto, en todo el país, miles de estudiantes permanecen sin clases, acumulando casi dos meses de interrupción en el calendario escolar.

El hecho ocurrió en Bocas del Toro tras una dura represión policial, aunque el Gobierno niega el uso de armas letales.

Panamá reabrirá su consulado en Caracas, mientras que Venezuela retomará operaciones consulares en Ciudad de Panamá.

El presidente panameño rechaza derogar la ley que reformó las pensiones y endurece su discurso contra docentes y sindicatos.

La Alianza Pueblo Unido por la Vida marcha en rechazo a la escalada represiva del Gobierno de Mulino.

El Gobierno chino manifestó su firme apoyo a los esfuerzos de Panamá por mantener su independencia y defender sus derechos e intereses legítimos como país soberano.

La decisión responde a la persecución registrada durante las protestas pacíficas que rechazan la Ley 462, la apertura de la mina de cobre en Donoso y la firma del memorándum de entendimiento con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.

Las protestas de los sindicatos y los movimientos sociales exigen la derogación de la Ley 462.

También rechazan la reapertura de la mina de cobre en Donoso y exigen la anulación del memorándum de entendimiento con EE.UU., lesivo a la soberanía nacional.

Según medios locales, los docentes serían puestos a disposición del Ministerio Público.

Cada vez más son los estudiantes trabajadores e indígenas que se revelan al régimen de Mulino y su escalada represiva.

«El pueblo Emberá de Arimae, ha sido objeto de represión donde un joven pierde su vida al recibir perdigones», denuncian desde una coordinadora indígena.

Los habitantes de Arimae denuncian que las acciones militares responden a órdenes directas del Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad.

El arresto de las líderes indígenas ha sido calificada como arbitraria y una clara vulneración de los derechos de los pueblos originarios.

Denuncian que la Policía Nacional instaló un cerco represivo e impide ingreso comida y medicinas para la población.

Denuncian las amenazas contra el Estado de Derecho y condenan la violación a los derechos humanos.

SUNTRACS ha enfrentado una campaña de persecución que incluye detenciones arbitrarias, intimidación constante y bloqueos financieros contra sus cuentas bancarias.

La jurista habría entregado su carta de dimisión el 19 de este mes, con efecto a partir del próximo agosto.

En conferencia de prensa, reiteraron su rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social y llamaron a un diálogo social tripartito que resuelva la situación provocada por el presidente José Mulino, desde la represión.

Los gremios magisteriales de Panamá mantienen una huelga indefinida iniciada el 23 de abril en rechazo a la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), en un contexto de crecientes represalias gubernamentales.

La misiva, con fecha 19 de mayo, fue entregada el viernes 23 al Arzobispo de Panamá, monseñor José Domingo Ulloa, para que la haga llegar al Vaticano.

Organizaciones sociales de Panamá realizaron este viernes una movilización en defensa de la democracia y en contra de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social (CSS), y también del acuerdo suscrito por el Gobierno y Estados Unidos (EE.UU.) que propicia establecer bases militares en el territorio. LEA TAMBIÉN: Organizaciones sociales de Panamá convocan […]

El politólogo Richard Morales alerta sobre la instauración de un «Estado policial» y la eliminación de todas las garantías democráticas en Panamá.

La reanudación de los vuelos entre ambas naciones contribuirá a fortalecer la conectividad aérea mundial.

Como primeras acciones, los gremios convocan a una gran marcha nacional el 28 de mayo de 2025, que partirá desde el Parque Porras hacia la Asamblea Nacional, donde se entregará un anteproyecto de derogatoria de la ley.

“La salida del gobierno es aumentar la represión contra los sectores populares que salen a la calle” señala el sociólogo, Olmedo Beluche.

La Suntracs es la principal organización y movimiento social de Panamá en la lucha contra el modelo neoliberal del presidente José Raúl Mulino y la entrega de soberanía.

Horas atrás, el Ejecutivo de Mulino canceló la personería jurídica de la cooperativa de servicios de Suntracs por presuntas violaciones a normas financieras para prevenir el lavado de dinero.

El líder de las protestas de Panamá y secretario general del Suntracs, se encuentra en la Embajada de Bolivia en medio de una avanzada criminalizadora impulsada por el Ejecutivo.

A casi 30 días del inicio de la huelga indefinida de los grupos sindicales en Panamá, más sectores se unen a las movilizaciones en rechazo de la ley 462 sobre reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Los sindicatos se acercan a los 30 días de huelga y piden la derogación de la Ley 462, la anulación del memorándum vende patria, eliminación total de la minería, el respeto a la comunidades del Río Indio, y la recuperación de los derechos humanos.

La Oficina de Pueblos Indígenas de la Universidad de Panamá (OPINUP) denunció violencia policial contra miembros de las comunidades Ngäbe Buglé, Emberá y Wounaan en Arimae, provincia de Darién.

Los campesinos denuncian que el embalse transformaría definitivamente el ecosistema y su modo de vida.

La persecución del Gobierno contra líderes de las protestas no cesa.

Suntracs denunció la violación de la libertad sindical por el Ejecutivo.

“Exigimos el cese de esta persecución contra nuestro pueblo, y hacemos un llamado a la comunidad internacional a estar pendiente de estos hechos que vulneran nuestra democracia y violan todos nuestros derechos humanos reconocidos universalmente”, subrayaron los denunciantes.

El saldo global de las movilizaciones es de 196 personas arrestadas en un paro laboral encabezado por maestros del sector público.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) de Panamá condenó la detención arbitraria de tres de sus dirigentes.

Desde la Asociación de Profesores de Panamá (Asoprof) denunciaron que cerca de dos mil pedagogos no cobrarán su salario, de una nómina estatal de 51 mil 600 docentes.

Panamá otorgó el «salvoconducto necesario para la pronta y segura salida» de Martinelli, quien a partir de febrero de 2024 residió como refugiado en la Embajada de Nicaragua en Panamá.

Las protestas responden a críticas del presidente panameño José Raúl Mulino, quien calificó el campus como “más una guarida que un centro de estudios superiores” y a recientes detenciones de estudiantes por agentes antimotines, rechazando también las injerencias externas. 

La continuidad y ampliación de la huelga, fue anunciada por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares de Panamá (Suntracs), el jueves primero de mayo.