De acuerdo con la normativa vigente en Taiwán, el inicio formal de un proceso de destitución o impeachment requiere el respaldo de al menos la mitad de los legisladores, seguido de una aprobación por más de dos tercios del Parlamento y una revisión posterior por parte de los jueces de primera instancia.

Parlamentarios señalan que el líder regional se niega a refrendar una ley de reparto fiscal aprobada por el órgano legislativo para redistribuir recursos de la administración central a los gobiernos locales