Este pronunciamiento se produce tras críticas y acciones del Ejecutivo ecuatoriano, que incluyen discursos de altos cargos y la convocatoria a una marcha contra el tribunal constitucional en respuesta a sentencias contrarias a las tesis del Gobierno.

Iris Marín advierte que los señalamientos sin fundamento contra los jueces pueden «llevar a ataques violentos» contra los servidores públicos, como ha ocurrido en el pasado.