El Tribunal Supremo de Estados Unidos debatió este jueves 15 de mayo, sobre el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por derecho de nacimiento, una política que negaría la ciudadanía estadounidense a hijos de inmigrantes indocumentados y personas con visas temporales nacidos en territorio estadounidense.

La orden ejecutiva, que pretende redefinir un principio constitucional centenario, genera una marcada división entre la población estadounidense. Según datos recientes de Pew Research Center, el 56% de los adultos desaprueba esta medida, mientras que el 43% la respalda. La polarización política resulta evidente: el 72% de los republicanos apoya la restricción, frente a una abrumadora desaprobación del 84% entre los demócratas.

La administración Trump solicitó al máximo tribunal reducir las medidas cautelares emitidas por jueces federales en Maryland, Washington y Massachusetts que bloquean la orden ejecutiva presidencial a nivel nacional. La directiva, firmada por Trump el primer día de su regreso a la presidencia el 20 de enero, forma parte de un paquete amplio de medidas migratorias que incluyen la declaración de emergencia nacional en la frontera con México.

«Esta orden refleja el significado original de la 14ª Enmienda, que garantizaba la ciudadanía a los hijos de antiguos esclavos, no a los extranjeros ilegales o visitantes temporales», argumentó el Procurador General de Estados Unidos, D. John Sauer, ante los jueces.

La jueza liberal Sonia Sotomayor expresó su preocupación por las consecuencias de la medida: «Si la orden de Trump entra en vigor, miles de niños nacerían en Estados Unidos sin ciudadanía, convirtiendo a algunos de ellos en apátridas debido a las políticas de los países de origen de los padres y dejándolos sin derecho a servicios gubernamentales».

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Las políticas migratorias de la administración Trump gozan de distintos niveles de respaldo público. Mientras que el aumento de deportaciones (59%) y la mayor presencia militar en la frontera sur (58%) cuentan con apoyo mayoritario, otras medidas como recortar fondos federales a jurisdicciones no cooperantes (47%) o suspender solicitudes de asilo (44%) generan mayor resistencia.

Según los demandantes, más de 150.000 recién nacidos se verían afectados anualmente si la orden se mantiene. La disputa enfrenta dos interpretaciones de la Decimocuarta Enmienda, que establece que todas las «personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos».

La fuerte desaprobación de la orden ejecutiva sobre ciudadanía (40%) supera considerablemente a quienes expresan fuerte aprobación (23%), reflejando la intensidad del debate público sobre un tema que toca aspectos fundamentales de la identidad nacional estadounidense.

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Jeremy Feigenbaum, abogado defensor de los 22 estados demandantes, advirtió que el enfoque de la administración «requeriría que la ciudadanía varíe según el estado en el que hayas nacido», añadiendo que «desde la 14ª Enmienda, nuestro país nunca ha permitido que la ciudadanía estadounidense varíe en función del estado en el que alguien reside».

Los demandantes argumentan que una sentencia del Tribunal Supremo de 1898 (Estados Unidos contra Wong Kim Ark) ya garantiza la ciudadanía estadounidense a los niños nacidos en el país de padres no ciudadanos. La administración Trump, sin embargo, sostiene que dicha sentencia era más restrictiva y solo aplicaba a hijos de personas con «domicilio y residencia permanentes en Estados Unidos».

Tras más de dos horas de alegatos, los jueces conservadores mostraron disposición a limitar las medidas cautelares universales, pero también reticencia a emitir un fallo sin profundizar en los méritos jurídicos de la orden ejecutiva. El tribunal tiene actualmente una mayoría conservadora de 6-3, incluidos tres jueces nombrados por Trump durante su primer mandato.

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