El movimiento sindical argentino avanza hacia un paro nacional en defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tras la ratificación de su condena a seis años de prisión e inhabilitación política, por parte de la Corte Suprema. 

Gremios clave iniciaron este miércoles reuniones urgentes para coordinar medidas de fuerza unificadas, presionando a la Confederación General del Trabajo (CGT) a convocar una acción de todo el movimiento obrero contra lo que califican de «atropello a la democracia».

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Dirigentes de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), La Bancaria, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros gremios combativos coincidieron en la necesidad de responder con movilizaciones masivas y paralizaciones.

Sergio Palazzo, titular de los bancarios, denunció que la inhabilitación de CFK busca «proscribir al proyecto popular». «Hay que discutir una medida de fuerza integral. Todos estamos siendo afectados por este gobierno que avala la judicialización de la política«, afirmó. De ese modo, anticipó una «interrupción de actividades» y una «marcha gigantesca» cuando Kirchner deba presentarse ante la Justicia.

Abel Furlán (UOM) advirtió que no esperarán indefinidamente a la CGT: «Tampoco se va a esperar demasiado a que la central tome una decisión», mientras Andrés Rodríguez (UPCN-CGT) llamó a un plan «ordenado y orquestado» para evitar acciones dispersas.

Ante la urgencia, gremios como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju) y  Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) ya ejecutaron paros «contra la proscripción». Trabajadores del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) cortaron ayer accesos a Buenos Aires, replicando el patrón de resistencia observado en Brasil durante el caso Lula Da Silva, según destacó la CGT en su comunicado oficial.

La central obrera comparó explícitamente el fallo con la persecución al exmandatario brasileño y alertó: «La democracia está en peligro […] Solo el pueblo, mediante elecciones libres, debe decidir sus representantes sin interferencias de otros poderes».

Desde la OIT en Ginebra, Roberto Baradel, del Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (SUTEBA) llamó a «acciones directas para defender la democracia» y articula una estrategia internacional con sindicatos europeos para denunciar el lawfare.

 «Es un procedimiento que ya se ha utilizado en países hermanos«, reforzó la CGT en alusión a los intentos de desestabilización de proyectos soberanos en la región.

El ministro bonaerense Carlos Bianco calificó la condena como una «escritura de antemano» que degrada la democracia: «A partir de ayer, tenemos una democracia más degradada […] expresamos nuestra solidaridad con Cristina», subrayó, destacando la falta de pruebas contra la expresidenta.

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