El Gobierno de México realizó el traslado de 37 acusados de liderar organizaciones criminales hacia territorio estadounidense, una acción ejecutada bajo los lineamientos de la Ley de Seguridad Nacional. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este operativo representa el tercer movimiento de alto impacto desde febrero de 2025, sumando un total de 92 generadores de violencia enviados al país vecino.

La entrega se concretó mediante mecanismos de cooperación bilateral sin recurrir a juicios de extradición, priorizando la neutralización de amenazas reales para la estabilidad del país y contando con el compromiso del Departamento de Justicia de no aplicar la pena de muerte. La mandataria enfatizó que, aunque existe una estrecha coordinación con Washington, México antepone sus propios intereses y criterios de protección ciudadana por encima de cualquier solicitud externa, por lo que este procedimiento constituye una decisión soberana del Estado mexicano, fundamentada en la conveniencia para la seguridad pública nacional.

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Los detenidos fueron trasladados en siete aeronaves de las Fuerzas Armadas hacia ciudades estratégicas como Washington, Nueva York y San Diego, reafirmando una política de colaboración que rechaza la subordinación y busca resultados tangibles contra el tráfico de armas y fentanilo este esquema de trabajo, que evita la parálisis procesal provocada por amparos judiciales, se fortalece de cara a la próxima reunión del grupo de implementación de seguridad bilateral programada para el 23 de enero.

La Administración de la Cuarta Transformación sostiene que la aplicación de la Ley de Seguridad Nacional es un ejercicio legítimo de autoridad que garantiza la paz interna sin vulnerar la soberanía. Con estas acciones, México ratifica su voluntad de combatir al crimen organizado transnacional mediante una relación de igualdad, asegurando que cada envío de reos sea analizado bajo una visión de protección a la población local y respeto mutuo entre ambas naciones.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.
La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

Por su parte días anteriores la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que ciudadanos del Estado de México entregaron voluntariamente 1.995 armas de fuego entre octubre de 2024 y diciembre de 2025. Mediante la iniciativa Sí al Desarme, Sí a la Paz, implementada en 53 municipios, las personas intercambiaron armamento por incentivos económicos de forma anónima.

Esta acción, realizada en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Iglesia Católica, busca reducir los índices de violencia mediante el retiro de artefactos peligrosos de los hogares, fortaleciendo la seguridad pública bajo un enfoque preventivo y de confianza ciudadana.

Durante la Conferencia del Pueblo, Rodríguez destacó que esta labor forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que prioriza la atención a las causas de la violencia. En 2025 se realizaron 713 Jornadas por la Paz con la participación de 218.000 personas en los 125 municipios mexiquenses, bajo el liderazgo de la gobernadora Delfina Gómez.

La funcionaria resaltó que la Mesa de Paz estatal sesionó en 311 ocasiones, permitiendo una articulación efectiva entre los tres niveles de gobierno para fomentar actividades culturales, deportivas y artísticas que alejen a los sectores vulnerables de la delincuencia.

Como parte de este despliegue, la Subsecretaría de Prevención del Delito realizó intervenciones específicas en 10 municipios prioritarios, incluyendo Ecatepec, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, donde se brindaron más de 317.000 atenciones directas.

El Gobierno realizó visitas casa por casa para identificar a jóvenes en riesgo y conformó Comités de Paz para fortalecer el tejido social. Para consolidar estos avances, se anunció que en febrero de 2026 se instalarán los Consejos de Paz y Justicia Cívica, reafirmando el compromiso del Estado con la transformación social y la construcción de una convivencia pacífica y soberana.

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