El canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, acusaron este lunes a Occidente de promover una posible “revolución de colores” en territorio serbio, comparando la situación con procesos de desestabilización registrados en otras naciones euroasiáticas, como Ucrania.

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“Esperamos que las naciones de Occidente, habituadas como están a aprovechar lo que acontece en diversos países para promover sus intereses, eviten dedicarse esta vez a sus revoluciones de colores”, afirmó Lavrov tras participar en una reunión del Consejo de Exteriores de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) en Kirguistán.

Peskov, por su parte, denunció una “presión sin precedentes” sobre Serbia, advirtiendo que se estarían utilizando “tecnologías conocidas” de desestabilización política. “No dudamos de que los líderes actuales de Serbia podrán restablecer el orden y la calma”, agregó.

La actual crisis social en Serbia se originó tras el colapso del techo de una estación de tren en Novi Sad, ocurrido en noviembre de 2024. El siniestro dejó 16 muertos y fue atribuido a deficiencias estructurales vinculadas a «corrupción en la contratación pública». Desde entonces, los estudiantes han mantenido bloqueos universitarios y demandan una depuración institucional.

La situación escaló durante el fin de semana. El sábado 28 de junio, unas 36.000 personas se congregaron en la plaza Slavija, en el centro de Belgrado, exigiendo elecciones parlamentarias anticipadas.

La protesta culminó en enfrentamientos con la policía, que dejó 48 agentes heridos, 22 civiles lesionados y al menos 77 personas detenidas, entre ellas menores de edad.

El domingo, las manifestaciones continuaron con bloqueos de carreteras y barricadas en puentes principales, impulsadas por denuncias de arrestos arbitrarios y uso excesivo de la fuerza. Pese a las críticas, el presidente Aleksandar Vučić rechazó convocar elecciones y acusó a los manifestantes de buscar “el terror y la guerra civil”.

El clima de tensión se intensificó aún más luego de que el Ministerio del Interior informara la detención de seis personas acusadas de conspirar para un golpe de Estado, y tras amenazas anónimas de atentados en la red ferroviaria nacional, lo que obligó a suspender el servicio en todo el país.

Pese a los sucesos del domingo, el Gobierno asegura que ya se ha restablecido el orden y que el transporte urbano está funcionando con normalidad.

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