La mesa de organismos de derechos humanos repudió este viernes la decisión del Gobierno de Javier Milei de trasladar a los represores y figuras del terrorismo de Estado durante la última dictadura de Argentina a la considerada cárcel VIP, la Unidad 34 de Campo de Mayo.

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Al repudiar la decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de trasladar a Alfredo Astiz y otros represores, los cuales cumplían sus penas en el Complejo Penitenciario VII de Ezeiza, donde el año pasado fueron visitados por diputados oficialistas, la mesa pide “juicio y castigo, cárcel común y efectiva para los genocidas”.

“Las sentencias condenatorias a penas privativas de libertad por la comisión reiterada de los más graves delitos que prevé el Código Penal Argentino –privación ilegal de libertad, torturas, homicidios, entre otros- deben ser cumplidas en los establecimientos que la ley y la administración estatal disponen, sin privilegios indebidos”, refirieron los entes.

Asimismo, les hablaron a los jueces: “hacemos un llamado a las autoridades judiciales que deben hacer cumplir los fallos que tomen los recaudos necesarios para que los responsables de crímenes de lesa humanidad no vean morigeradas, en ningún sentido, sus penas”.

De acuerdo a Página 12, “el Servicio Penitenciario Federal (SPF) quiere vaciar tres pabellones del Complejo VII para que estas plazas sean ocupadas por mujeres. Más adelante, la idea del Gobierno de Javier Milei es traspasar la unidad al Gobierno de la Ciudad, que aloja a sus detenidos en comisarías y está expuesto a constantes fugas”.

“Varios represores que actuaron en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), como Astiz, Antonio Pernías y Ricardo Cavallo, pidieron que, al ser trasladados, se les asigne una celda individual –beneficio del que ya gozaban en Ezeiza– y que se les permita seguir usando la plataforma Skype para comunicarse con sus familias”, agregó.

Entre las organizaciones que integran la mesa están: Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (La Matanza), Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Fundación Memoria Historia y Social Argentina, Liga Argentina por los Derechos Humanos y Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

La complicidad por parte del Gobierno de Javier Milei a la dictadura argentina de Rafael Videla se ha visto en la falta de reconocimiento a los 30.000 desaparecidos, pero también en el ajuste a los trabajadores y trabajadoras de los Centros de memoria.  

“El miércoles 30 de abril, en vísperas del 1° de Mayo, Día del Trabajador, el Ministerio de Justicia de la Nación completó la transferencia que les permitió a los trabajadores del Ente Público de la Ex Esma cobrar sus sueldos del mes de marzo. Es decir, con un mes de retraso. Por ese motivo, el Directorio de organismos de derechos humanos, que compone el órgano de gestión tripartita junto a Nación y Ciudad del predio donde funcionó el centro clandestino de detención de la Armada, manifestó su “profunda preocupación” por la demora”, insistió por su parte, Tiempo Argentino.

“Hacemos pública nuestra profunda preocupación por la demora de casi un mes en la transferencia por parte del Ministerio de Justicia de la Nación de los fondos necesarios para el pago íntegro de los salarios correspondientes al mes de marzo”, denunciaron los once organismos de derechos humanos que componen el directorio.

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