La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, acusó a la entidad sionista de Israel de convertir sus políticas de ocupación en Gaza y Cisjordania en una auténtica economía basada en el genocidio, sostenida por la colaboración de grandes corporaciones multinacionales, en particular del sector tecnológico y financiero.

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En un informe que será expuesto esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Albanese advirtió que el genocidio de Israel contra el pueblo palestino «es lucrativo para muchos», entre ellos destacadas multinacionales de los sectores tecnológico y financiero.

La funcionaria menciona a gigantes de la inversión como Blackrock y Vanguard, considerados importantes financiadores de la industria armamentística que abastece al Ejército israelí.

La relatora italiana instó a los Estados miembros de la ONU a exigir responsabilidades a estas compañías y a imponer medidas legales contra quienes contribuyan directa o indirectamente a violaciones de derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados.

Asimismo, planteó la necesidad de suspender acuerdos de inversión y establecer sanciones a las firmas señaladas, al tiempo que pidió que se obligue a indemnizar al pueblo palestino, tomando como referencia mecanismos fiscales que Sudáfrica aplicó a empresas vinculadas con el apartheid.

En su documento de 39 páginas, Albanese solicita también que la Corte Penal Internacional abra investigaciones y procese a altos ejecutivos y corporaciones involucradas en estas actividades, incluidas las redes de lavado de capitales relacionados con crímenes internacionales.

El informe señala a varias multinacionales involucradas en diferentes sectores por su papel en el conflicto palestino-israelí. En tecnología, empresas como IBM, Microsoft, Amazon, Google y Palantir han facilitado el uso de datos biométricos, inteligencia artificial y sistemas de control para apoyar las operaciones y el control de Israel sobre la población palestina.

En construcción y maquinaria pesada, firmas como Caterpillar, Hyundai y Volvo han participado tanto en la destrucción de infraestructuras y tierras agrícolas en Gaza como en la edificación de asentamientos ilegales.

Por último, en el sector energético, compañías como Glencore, Drummond, BP y Chevron suministran carbón, gas y petróleo que Israel utiliza para mantener infraestructuras civiles que, según el informe, también se emplean en acciones que afectan la vida en Gaza.

El documento destaca a las productoras de alimentos israelíes Tnuva y Netafim, controladas por multinacionales de China y México, por beneficiarse de la expansión en tierras agrícolas palestinas. También critica a la empresa estatal de agua Mekorot, que redujo el suministro a Gaza en un 22 %.

En el sector logístico y turístico, se mencionan a la naviera Maersk y a plataformas como Booking y Airbnb, estas últimas acusadas de ampliar su oferta en Cisjordania y Jerusalén, fomentando un “turismo de ocupación”.

En finanzas, instituciones como BNP Paribas, Barclays, Allianz, Blackrock y Vanguard “han canalizado miles de millones” hacia compañías relacionadas con la ocupación y violaciones de derechos.

El informe también señala al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés) por colaborar en investigaciones militares y tecnológicas financiadas por el Ministerio de Defensa israelí, y critica al programa Horizon Europe de la Comisión Europea por facilitar vínculos con instituciones implicadas en el apartheid y genocidio.

Finalmente, la relatora advierte que estas empresas representan solo una parte de una red mucho más amplia que busca beneficios y facilita las violaciones en los territorios palestinos ocupados.

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