Organizaciones ambientalistas presentaron un informe técnico ante el Senado para advertir sobre los graves riesgos que implica la reforma de la Ley de Glaciares impulsada por el Gobierno de Javier Milei, que busca favorecer a grandes trasnacionales mineras.

En el marco del debate por la reforma de la Ley Nacional 26.639, las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands alertaron que modificar la normativa vigente no solo compromete las reservas estratégicas de agua dulce, sino que también pone en peligro de extinción a gran parte de la fauna nacional al permitir actividades extractivas en zonas hoy protegidas.

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El documento destaca que los glaciares y el ambiente periglaciar actúan como tanques de agua naturales que alimentan ecosistemas críticos a cientos de kilómetros de distancia de la cordillera. Actualmente, el 36 por ciento de la superficie continental argentina depende del deshielo para mantener la vida en 20 provincias, por lo que reducir la protección aumentaría la vulnerabilidad de comunidades enteras frente a la crisis climática y la escasez hídrica.

En términos de biodiversidad, el informe revela cifras alarmantes al señalar que el 86 por ciento de los mamíferos y el 78 por ciento de los reptiles del país habitan en regiones que dependen de estos aportes hídricos. Debilitar la ley actual afectaría de forma irreversible los hábitats de animales altamente especializados que no pueden sobrevivir sin este recurso, provocando un desequilibrio ecológico sin precedentes en las cuencas alimentadas por el hielo.

Las áreas que el Ejecutivo pretende flexibilizar concentran a la mayoría de las especies amenazadas, como el huemul, del cual solo quedan unos 500 ejemplares en territorio argentino. Los expertos sostienen que la biodiversidad altoandina es extremadamente sensible y que cualquier alteración en el flujo natural del deshielo desencadenaría un colapso en las vegas y turberas que sostienen la vida en la montaña.

Mientras el Senado debate la entrega de estos recursos, movimientos sociales y militantes realizaron protestas frente al Congreso denunciando que la reforma prioriza los intereses de las corporaciones mineras transnacionales. La manifestación fue reprimida por las fuerzas de seguridad, afectando a trabajadores de prensa y activistas que exigen que la transición energética no se realice a costa de la destrucción de las fuentes de agua.

Los directores de las fundaciones ambientalistas enfatizaron que el camino soberano debe ser el fortalecimiento del monitoreo estatal y no la flexibilización de las normas en favor del extractivismo. La defensa de los glaciares se consolida así como una lucha estratégica por la supervivencia de las especies y la soberanía del pueblo sobre sus bienes comunes frente a las políticas de desregulación ambiental.

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