La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú ha expresado su rechazo a la amnistía otorgada por el Congreso Nacional a los militares y policías detenidos entre 1980 y 2000, en relación con abusos a los derechos humanos.

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Esta medida fue aprobada por el parlamentario Jorge Montoya, exjefe de las Fuerzas Armadas y miembro de la bancada ultraconservadora Honor y Democracia, con el respaldo de 16 legisladores de derecha en la Comisión Permanente, frente a 11 votos en contra de representantes de izquierda y centro.

Con esta nueva legislación, se concede amnistía a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad y a los comités comunales de autodefensa que participaron en el conflicto armado interno vinculado al surgimiento de Sendero Luminoso y el Movimiento Tupac Amaru.

En este sentido, la CNDDHH no tardó en pronunciarse, afirmando que «la impunidad no oculta el delito, lo agranda´´, subrayando que esta ley pone en riesgo el reconocimiento de las violaciones a los derechos humanos.

Si bien muchos se beneficiarán de esta normativa, existe un pequeño grupo que no podrá ser procesado si enfrenta acusaciones de terrorismo o corrupción de funcionarios. La misma coordinadora advirtió en sus redes sociales que, dado el contexto actual, «todos ellos podrían quedar en libertad´´, refiriéndose específicamente al exministro Daniel Urresti, acusado del asesinato del periodista Hugo Bustíos, y al exmilitar Telmo Hurtado, condenado por la matanza de Accomarca, donde fueron asesinados 22 niños entre un total de seis víctimas.

Esta ley se presenta como una grave violación a los derechos humanos y a los tratados internacionales, protegiendo a criminales que predican la democracia mientras cometen masacres como las de La Cantuta y Barrios Altos. Además, deslegitima los derechos penales al reducirlos a una concepción vacía.

Incluso la presidenta Dina Boluarte está siendo investigada por muertes de civiles a manos de uniformados durante las protestas de 2022. La amnistía ha «consumado un acto de impunidad que ofende a las víctimas, a sus familias y a la memoria del país´´, declaró la legisladora Flor Pablo.

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