La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) de Puerto Rico, el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), feministas, religiosas, sanitarias y defensoras de derechos humanos denunciaron este viernes la firma del Proyecto del Senado 923, el cual tipifica como asesinato la muerte del concebido que aún no nace, inlcuyendo el aborto espontáneo.

Ante la imposición de la medida, colectivas feministas se movilizaron en una ‘Vigilia por el Derecho a Decidir’ para exigir se detenga ya la aprobación de medidas que atentan con la salud y autonomía de las mujeres y personas gestantes.

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Denuncian que este proyecto impulsado por movimientos antiderechos, busca imponer su voluntad sobre el cuerpo y las decisiones de las mujeres y las personas gestantes, donde el objetivo es prohibir el aborto y obligarles a parir. 

En este sentido, la directora ejecutiva de la ACLU local, Annette Martínez Orabona, enfatizó que aunque el aborto en Puerto Rico es legal, el que la Legislatura no contemplara “es en sí misma una violación del proceso de participación ciudadana y de la sana gestión legislativa”.

La medida legislativa fue convertida en ley el pasado jueves 12, por la gobernadora Jenniffer González, que en opinión de Martínez Orabona, con esta acción, la gobernadora “valida el proceder antidemocrático del liderato legislativo actual, que aprobó de forma expedita la medida sin vistas públicas, un proceder que no permitió escuchar y analizar las posturas de grupos y personas potencialmente impactadas”.

“El liderato legislativo no cumplió con esa responsabilidad que tiene con el pueblo y la gobernadora tampoco”, refirió.

Agustina Luvis, de la Red de Espiritualidad y Filosofías de Vida del MVC, criticó a la gobernadora y su firma al proyecto por no «respetar la vida de las mujeres y el derecho a decidir sobre los asuntos de su cuerpo y de su salud, con nuestras creencias religiosas y filosóficas».

Por su parte, Mayra Vicil Bernier, de la Red de Derecho, Justicia y Seguridad del MVC, recalcó que la medida, «aunque se presenta como una medida de protección a la vida, en realidad crea un grave problema legal, constitucional y práctico para el sistema judicial y de salud en Puerto Rico».

“Esa sola acción altera por completo la estructura de nuestro Código Penal, un sistema que no fue diseñado para procesar embarazos, decisiones médicas ni emergencias obstétricas como crímenes violentos”, acotó.

Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anulara en junio de 2022 la histórica sentencia conocida como ‘Roe contra Wade’, que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, se han presentado numerosos proyectos de ley en Puerto Rico para limitar el aborto, pero todos hasta ahora habían fracasado.

“Por otro lado, aunque el aborto es legal en Puerto Rico, porque esta protegido por nuestro derecho constitucional a la intimidad, esta medida puede tener el efecto en la práctica de criminalizar las terminaciones de embarazo sin decirlo directamente. Es una violación crasa a nuestros derechos humanos más básicos ser acusadas de “asesinato” por tomar decisiones tan intimas sobre nuestros cuerpos como terminar un embarazo no deseado”, añadió la licenciada Prados Rodriguez.

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) instó a no seguir «cometiendo el mismo error que pasó con el 504 que le dió personalidad jurídica al feto sin participación y con el rechazo de sectores amplios de la medicina y de juristas. No se empeñen en menoscabar derechos fundamentales y menospreciar la vida y cuerpos de las mujeres para continuar con su juego electorero».

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