En un fallo que mantenía en vilo a la política argentina, el juez federal Jorge Gorini concedió este martes la prisión domiciliaria a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien enfrenta una condena de seis años en la causa Vialidad.

LEA TAMBIÉN:

«Cristina Libre»: movimientos argentinos lanzan una campaña mundial contra la proscripción política

La decisión, notificada por videollamada, permite que la líder del peronismo cumpla su pena en su departamento del barrio de Constitución, evitando su traslado a un centro penitenciario.

El veredicto llega en un contexto de alta tensión, horas antes de una marcha convocada por organizaciones de trabajadores, políticas y movimientos sociales hacia los tribunales de Comodoro Py, donde había sido citada para su notificación. Sin embargo, finalmente los magistrados decidiron realizar la notificación de manera virtual.

Según fuentes gubernamentales citadas por medios locales, el Gobierno de Javier Milei presionó para acelerar la resolución y evitar una movilización que, anticipaban, podría convertirse en un símbolo de resistencia contra el oficialismo y el Poder Judicial.

Para el cumplimiento de la prisión domiciliaria, el Tribunal condicionó la misma a lo siguiente:

• a) Deberá permanecer en el domicilio fijado, salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Sino deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción.
• b) Deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes.
• c) En el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado.

El Tribunal también liberó a la expresidenta de su obligación de presentarse antes del miércoles ante Comodoro Py, al tiempo que encomendó a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal «que lleve adelante la supervisión de la ejecución de la prisión y eleve a la justicia los resultados de la supervisión cada tres (3) meses». 

Anteriormente, los abogados de CFK, encabezados por Alberto Beraldi, fundamentaron el pedido en tres ejes:

1. Seguridad: La expresidenta tiene custodia permanente de la Policía Federal debido a su condición de exmandataria y al intento de magnicidio que sufrió en 2022, cuyos autores intelectuales —según la defensa— aún no han sido esclarecidos.
2. Edad y salud: A sus 72 años, la defensa alegó que su encarcelamiento en un penal implicaría un trato «inhumano» por las condiciones de aislamiento requeridas.
3. Contexto político: Beraldi vinculó la condena a una «persecución judicial», señalando que la causa Vialidad —por presunta corrupción en obras públicas— fue impulsada por sectores opositores.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, sin embargo, rechazaron los argumentos: insistieron en que la prisión domiciliaria es una excepción y que Fernández de Kirchner no presenta problemas de salud que la justifiquen.

La resolución parece responder también a cálculos estratégicos. Según el diario Página/12, el Gobierno de Milei habría negociado con el TOF 2 para evitar que la marcha del miércoles se transforme en un escenario de confrontación masiva. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, había adelantado días atrás: «Sería lógico que Cristina no tenga que ir a Tribunales».

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Partido Justicialista (@p_justicialista)

Para el oficialismo, una concentración multitudinaria en apoyo a CFK —similar a las que marcaron su carrera— sería un golpe a su narrativa de «fin de la impunidad». Para el kirchnerismo, en cambio, la domiciliaria es un triunfo parcial: aunque evita la cárcel, refuerza su denuncia de «lawfare» (uso político de la Justicia).

De momento se mantiene la convocatoria a una masiva movilización que se espera sea masiva, dado que la convocatoria es realizada a demás en demostración de apoyo a CFK, como un rechazo a la judicialización de la política, también conocida como lawfare.

En ese sentido, el jurista Ricardo Gil Lavedra consideró que la condena contra Fernández de Kirchner «Es un reflejo de la judicialización de la política en América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, ha cuestionado previamente el uso de prisiones preventivas en la región.«

EN ESTA NOTA: