La organización regional de derechos humanos Cristosal anunció este miércoles la suspensión de sus operaciones en El Salvador, tras 25 años de labor ininterrumpida en el país centroamericano, debido a lo que describen como una escalada sistemática de persecución, vigilancia, criminalización y represión estatal contra personas y organizaciones defensoras de derechos.

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La declaración fue realizada desde una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, desde donde la organización continuará su trabajo, ahora reorganizado y trasladado a sus sedes en Guatemala y Honduras. La decisión, según expresaron, obedece a condiciones insostenibles de seguridad para su personal, así como a la imposición de una ley que criminaliza el trabajo de la sociedad civil independiente.

“La defensa de los derechos humanos se ha convertido en un delito en El Salvador”, advirtió Cristosal en su comunicado, citando la falta de independencia institucional, la vigencia prolongada del estado de excepción y la imposición de la llamada Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que consideran un instrumento de control autoritario.

“Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel. La libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas castigadas y limitadas por el poder”, señaló Cristosal.

En la actualidad, según la última encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública de la UCA, casi el 60 % de la población salvadoreña afirma tener miedo de opinar o protestar por temor a represalias. La organización denuncia un clima de terror social, sostenido mediante rumores de listas negras, visitas policiales intimidantes, detenciones arbitrarias y espionaje estatal.

La situación alcanzó un punto crítico con la detención arbitraria de Ruth López, reconocida abogada y defensora de derechos, acusada por exigir transparencia y denunciar actos de corrupción.

Para Cristosal, este acto constituye un mensaje de advertencia ejemplarizante del régimen de Nayib Bukele y su hermano Karim Bukele, hoy considerados por múltiples organismos como los arquitectos de un sistema autoritario consolidado.

“Ruth está presa por hacer su trabajo. Como ella, muchas otras personas han sido criminalizadas o forzadas al exilio”, expresó la organización.

Desde hace varios años, Cristosal ha denunciado acoso legal, vigilancia de domicilios, campañas de difamación mediática, amenazas y hostigamiento digital. Sin embargo, advierten que por primera vez en décadas ya no existen en el país garantías judiciales mínimas para su defensa.

Uno de los detonantes de la decisión de Cristosal fue la entrada en vigor de la Ley de Agentes Extranjeros (LAEX), que impone controles financieros arbitrarios, obliga a las organizaciones a registrarse como «agentes externos» y permite aplicar sanciones discrecionales a toda entidad que reciba fondos internacionales.

“La LAEX criminaliza la ayuda internacional y la cooperación humanitaria, castiga la autonomía y la crítica, e instaura un régimen de censura financiera y política contra las ONG”, denunció Cristosal.

A pesar de haber iniciado su proceso de inscripción, aclararon que lo hacen para no desaparecer jurídicamente, pero que no reconocen la legitimidad de dicha legislación ni se someten a sus principios represivos.

Desde marzo de 2022, El Salvador vive un estado de excepción permanente que ha sido prorrogado más de 25 veces, con más de 80 mil personas detenidas sin orden judicial, múltiples denuncias de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la CIDH han advertido que El Salvador ha dejado de ser un Estado de derecho.

Incluso el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez advirtió recientemente: “El miedo está instalado en el país”.

En su mensaje, Cristosal afirma que no renuncia a su compromiso con El Salvador, y que seguirá trabajando desde el exilio, en coordinación con redes de víctimas, abogados y defensores en toda la región.

“Por Ruth López, por Alejandro Henríquez, por José Ángel Pérez, por Enrique Anaya, por cada víctima del régimen, por cada persona silenciada o desaparecida, Cristosal no se detiene. Sigue. Más libre. Más firme. Más necesaria que nunca”, concluyeron.

El caso de El Salvador, con altos índices de popularidad de Bukele, abre un debate crucial sobre las democracias de fachada, el papel de los organismos multilaterales y la normalización del autoritarismo con respaldo popular.

Cristosal es una de las organizaciones más respetadas en Centroamérica, con trabajo clave en documentación de violaciones a derechos humanos, litigio internacional, protección a personas desplazadas por violencia y asistencia legal a víctimas de tortura.

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