La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que iniciará un proceso de encuestas y foros de discusión para elaborar una propuesta de reforma constitucional del sistema electoral.

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La mandataria, quien aseguró que el proyecto busca poner «al pueblo en el centro», señaló que la ciudadanía no está de acuerdo con el alto costo de la política, un tema que será clave en los foros que se organizarán junto con el Congreso.

Para llevar a cabo esta tarea, el Ejecutivo creó una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que será liderada por Pablo Gómez, un veterano político que hasta ahora se desempeñaba como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Su designación es notable, ya que Gómez fue el primer diputado plurinominal que llegó al Congreso por el Partido Comunista en 1979, un sistema que la propia presidenta puso en la mira de su reforma. Gómez será reemplazado al frente de la UIF por Omar Reyes Colmenares.

Entre los temas centrales a debatir, Sheinbaum hizo hincapié en la necesidad de revisar el sistema de legisladores de representación proporcional, conocidos como «plurinominales». La presidenta afirmó que «a la gente no le gusta que haya tanto plurinominal de lista» y que la intención es reducir el número de estos cargos.

En el sistema actual, el país tiene 200 diputados federales plurinominales de un total de 500, mientras que en el Senado hay 32 de 128 legisladores elegidos bajo este mismo método. La figura se creó en 1972 para dar voz a los partidos minoritarios frente a la hegemonía del PRI.

La presidenta adelantó que la reforma busca «que se reconozca la democracia como el reconocimiento a las mayorías», manteniendo al mismo tiempo la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE) y su control sobre el padrón electoral. El proceso que se avecina contará con la participación de legisladores, académicos y expertos electorales para crear un diagnóstico integral. A partir de ello, Gómez construirá una serie de propuestas que, tras los foros de discusión, se convertirán en la iniciativa formal para modificar la Constitución.

Este anuncio marca uno de los primeros grandes proyectos de Sheinbaum y su Gobierno, en un intento por dar respuesta a un reclamo social de reducir el costo de las instituciones políticas.

La reforma, que podría redefinir el mapa político de México, representa un desafío tanto para el Gobierno como para la oposición, en un Congreso donde se requerirán consensos para aprobar cualquier cambio constitucional.

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