La presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció este lunes que el proceso de formalización minera a través del Reinfo se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, pese a las crecientes protestas de mineros artesanales que denuncian que la ampliación solo beneficia a mineros informales o ilegales.

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Durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, Boluarte ratificó la extensión del proceso, en medio de un paro nacional que ha derivado en bloqueos de carreteras en varias regiones y genera preocupaciones por el desabastecimiento de combustibles y alimentos.

Los manifestantes, que representan a sectores de la minería artesanal y en pequeña escala (MAPE), exigen la aprobación de una nueva ley específica para el sector, argumentando que el actual Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) permite que mineros ilegales se mantengan en la informalidad, mientras los verdaderos pequeños productores quedan desprotegidos.

“No es justo que el Gobierno amplíe el Reinfo sin escuchar a quienes verdaderamente trabajamos de forma artesanal y queremos formalizarnos”, reclamó uno de los dirigentes desde Arequipa.

En la región Arequipa, el bloqueo de carreteras comenzó el 29 de junio y ya se reportan largas colas en los grifos para abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP), un insumo clave para el transporte y la cocina doméstica.

De continuar los bloqueos en Chala y Ocoña, los corresponsales locales advierten que podría producirse un desabastecimiento de productos básicos y combustibles en los próximos días.

“Antes del pronunciamiento de Boluarte, los mineros permitían el paso de vehículos cada dos horas. Ahora, tras la conferencia, se han endurecido las medidas y el paso está completamente restringido”, informaron medios locales.

En la región La Libertad, la situación se ha vuelto crítica. Las carreteras en Santiago de Chuco y Sánchez Carrión permanecen bloqueadas por piquetes de mineros, obligando a los pobladores a caminar varios kilómetros para llegar a sus destinos.

Camioneros también reportan filas de vehículos detenidos, sin acceso a servicios ni claridad sobre cuándo se restablecerá el tránsito.

Este conflicto minero se suma a una serie de crisis sociales que ha enfrentado el Gobierno de Boluarte desde su llegada al poder, marcadas por protestas regionales, demandas de reformas y denuncias de represión estatal.

Organizaciones sociales y ambientales advierten además que la formalización minera sin criterios diferenciados puede abrir las puertas al extractivismo sin control, afectando a comunidades campesinas e indígenas.

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