La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional (PNP) y comités de autodefensa por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, detenidos entre 1980 y 2000, en relación con abusos a los derechos humanos.

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Aprobada por la Comisión Permanente del Congreso con 16 votos a favor, genera controversia. Mientras sus defensores, como Boluarte, hablan de un reconocimiento a quienes supuestamente combatieron el terrorismo, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de impunidad ante los crímenes cometidos, incluso denuncian la manera en que el Estado aborda su historia de violencia política.

En tanto, señalan que la normativa vulnera los compromisos internacionales de Perú en materia de derechos humanos, particularmente la obligación de investigar graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Se espera que la ley sea objeto de acciones de inconstitucionalidad por parte de diversas instituciones y colectivos que la consideran una amenaza a los derechos fundamentales. De hecho, el pasado 30 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó frenar dicha Ley de Amnistía (aprobada por el Congreso) por riesgo de impunidad en graves violaciones a derechos humanos en el país la Ley de Amnistía.

A finales del pasado mes, Dina Boluarte presentó la primera parte de su informe ante el Congreso, un acto que fue interrumpido por legisladores de izquierda. Los congresistas mostraron su rechazo a las declaraciones de la mandataria sobre el inicio de su Gobierno, que coincidió con la destitución de Pedro Castillo.

Boluarte afirmó que la primera fase de su mandato estuvo «marcada por una convulsión política, que provocó significativas pérdidas económicas». En respuesta, los legisladores la increparon recordándole las numerosas víctimas mortales de la represión durante las protestas que siguieron a la caída de Castillo. Por estos hecho, Boluarte está siendo investigada.

La congresista Ruth Luque exhibió un cartel con la imagen de una víctima, mientras que Jaime Quito mostró un letrero que decía «Dina, el pueblo te repudia».

La ley promulgada hoy se presenta como una grave violación a los derechos humanos y a los tratados internacionales, protegiendo a criminales que predican la democracia mientras cometen masacres como las de La Cantuta y Barrios Altos. Además, deslegitima los derechos penales al reducirlos a una concepción vacía.

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