En apenas 30 meses de gestión, el Gobierno de Dina Boluarte ha sido notificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el incumplimiento de 13 sentencias. Los casos más emblemáticos: Barrios Altos y La Cantuta, relacionados con graves violaciones cometidas durante el conflicto armado interno.

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De ese total, diez resoluciones señalan que el Estado peruano no ejecutó las sentencias, total o parcialmente, mientras que tres lo acusan directamente de desacato, una figura de mayor gravedad que implica desobediencia abierta.

“La diferencia es clara: el incumplimiento puede deberse a negligencia o trabas internas. El desacato revela una actitud desafiante”, explicó la abogada Úrsula Indacochea, experta en justicia internacional.

La situación se agrava con la reciente aprobación de leyes que contravienen normas internacionales. El 9 de julio, el Congreso peruano aprobó una ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa implicados en acciones contra el terrorismo entre 1980 y 2000.

La norma permitiría la excarcelación de condenados por crímenes de lesa humanidad, según han denunciado organizaciones civiles y relatores de la ONU.

Aún está pendiente que el Ejecutivo decida si promulga u observa esta controvertida medida, duramente cuestionada por organismos internacionales.

Crisis de derechos humanos: el Estado peruano en la mira de la Corte IDH

Otra señal de retroceso en el compromiso con los derechos humanos es la reciente Ley N.º 32301, que impide a organizaciones civiles presentar casos ante tribunales internacionales. La Corte IDH la considera una represalia contra víctimas y defensores, lo que viola el reglamento del sistema interamericano.

Uno de los desacatos más graves señalados por la Corte es el intento de validar el indulto al expresidente Alberto Fujimori —condenado por delitos de lesa humanidad—, lo que afecta directamente las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta. El tercero involucra el caso “Cinco Pensionistas vs. Perú”, por la negativa del Estado a cumplir un pago ordenado por el tribunal.

“El Estado peruano no puede escudarse en su estructura interna. A nivel internacional, es uno solo y tiene la obligación de cumplir con las sentencias”, subraya Indacochea.

Todo esto ocurre mientras el Congreso y sectores del Ejecutivo promueven la salida del país del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, una maniobra que pondría en riesgo la protección de las víctimas de violencia estatal y el acceso a la justicia internacional.

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