El Partido Justicialista de Argentina, mediante un comunicado, denunció este miércoles la gravedad institucional que recubre la decisión de proscribir a la presidenta de esa formación política, Cristina Fernández de Kirchner, por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo cual constituye un cepo al voto judicial.

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“No estamos frente a un fallo judicial, sino frente a un acto político de carácter antidemocrático”, aseveró el comunicado del ente partidista.

En este sentido, el comunicado destacó  que “la decisión de ponerle un cepo al voto popular va contra los preceptos sobre los que fundamos nuestro país y nuestra Constitución”.

Al respecto, recalcó que la acción judicial deteriora “la credibilidad de las instituciones argentinas y que debe despertar el repudio de todos los espacios políticos de la Argentina”.

“No perjudica a una dirigente ni a un partido político en particular”, subrayó el Partido Justicialista.

Asimismo, recordó que la construcción de la democracia en estos cuarenta años está sustentada sobre la base del  ejercicio ciudadano  del derecho, a poner en práctica el principio de la soberanía popular.

Asimismo, convocó “a todos los militantes de nuestro Partido, a quienes creen que hay una alternativa a este modelo económico y a todos los argentinos y argentinas que creen en el derecho de nuestro pueblo a elegir a sus representantes, a pelear por dejar atrás la Argentina de la persecución”.

“Nuestro Partido conoce de proscripciones, detenciones ilegales, fusilamientos, bombardeos y desaparecidos. No será la primera vez que el poder económico de la Argentina intente resolver de manera ilegal, irregular y anticonstitucional su problema principal: la existencia de una fuerza política, el peronismo, que se plantea ante los argentinos como una alternativa a su modelo excluyente y fracasado”, señaló el comunicado.

En la víspera, la Corte Suprema de Argentina emitió el fallo judicial que confirmó la condena contra la expresidenta por la Causa Vialidad. En ese sentido, el tribunal rechazó las apelaciones presentadas y condenó a la lideresa argentina a seis años de privación de libertad, a la vez que la inhabilitó para ejercer cargos públicos.

Tras confirmarse su condena, la exjefa de Estado denunció cepo al voto popular por parte del poder económico concentrado, una estrategia para evitar la reorganización de las fuerzas populares una vez que fracase el actual modelo económico de Milei.

Ante este episodio de lawfare judicial, la comunidad internacional ha expresado su solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, mientras en las afueras de su vivienda en la capital argentina cientos de personas realizan una vigilia en su apoyo.

La condena impuesta a la expresidenta argentina data del mes de diciembre de 2022, pero fue apelada por la defensa ante la Corte Suprema. Se fundamenta en una acusación de presunta administración fraudulenta entre 2007 y 2015 por supuestos direccionamientos de contratos de obra pública hacia el empresario Lázaro Báez.

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