El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) de Panamá, Saúl Méndez, denunció este martes el allanamiento a la sede sindical ubicada en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí y el aumento de la represión contra los manifestantes.

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En un mensaje difundido en sus redes sociales, Méndez acusó al presidente panameño, José Raúl Mulino, de perseguir a los sectores movilizados y aislar a las organizaciones populares. Asimismo, responsabilizó al mandatario del arresto del dirigente de Suntracs en Chiriquí, Jaime Caballero.

Caballero fue enviado a la cárcel La Gran Joya, una de las más peligrosas del país, donde permanece en detención preventiva mientras avanzan las investigaciones en su contra. Desde su celda, difundió una carta que circula ampliamente en redes sociales. Su audiencia de apelación está programada para el 30 de mayo.

Méndez destacó la firmeza de Caballero en la lucha, e instó a los panameños a seguir luchando en el rechazo a la reforma del sistema de pensiones y otras medidas del Gobierno.

Panamá se acerca al primer mes de huelga indefinida con múltiples sectores movilizados. A tres días de cumplirse un mes del inicio de la huelga general indefinida en Panamá, el conflicto se mantiene vigente con diversos sectores sociales que continúan en las calles.

Los manifestantes sostienen que no pondrán fin a la huelga hasta que el Gobierno derogue la Ley 462 que modifica la Caja de Seguro Social, por considerarla dañina con los derechos de los trabajadores, ya que degrada el sistema de pensiones y ofrece jubilaciones de hambre.

En el caso de los trabajadores bananeros, aunque el Gobierno propuso reglamentar la Ley 462 —una normativa que regula su actividad laboral—, el sector exige su derogación total. Además, insisten en una nueva legislación que garantice mejores condiciones, alineándose con las demandas más amplias del movimiento social.

En el plano político, cinco diputados de la Asamblea Nacional —algunos de libre postulación y otros del Movimiento Otro Camino— enviaron una carta al presidente José Raúl Mulino solicitando que la Ley 462 sea incluida en las sesiones extraordinarias del Legislativo.

Estas sesiones están previstas para discutir tres nombramientos clave en la Junta Directiva del Canal de Panamá. Los legisladores buscan con esta iniciativa abrir canales de diálogo y atender una de las principales demandas del movimiento social.

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