La representante del corregimiento de Tocumen, Arielis Barría, denunció públicamente este miércoles que fue agredida físicamente por agentes de la Policía Nacional mientras participaba en una manifestación pacífica para exigir soluciones a la escasez de agua potable que afecta a varias comunidades.

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Según relató la dirigente comunitaria a través de sus redes sociales, la situación se tornó violenta cuando unidades antidisturbios acudieron a despejar la vía en el sector de Cabuya, donde vecinos se habían reunido para reclamar mejoras en el suministro de agua.

Barría afirmó que, pese a llamar a la calma y rechazar la violencia, fue golpeada y posteriormente trasladada a la subestación policial de la zona.

Por su parte, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que Barría fue conducida y puesta a disposición de las autoridades competentes tras protagonizar un altercado con efectivos policiales la noche del pasado martes 15 de julio.

Mediante un comunicado oficial, la Policía sostuvo que la dirigente habría agredido a un uniformado durante la intervención realizada en las inmediaciones de la Sala de Atención Ciudadana de la subestación de Tocumen.

El suceso generó una ola de indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales, quienes reclamaron una investigación exhaustiva para esclarecer el uso de la fuerza por parte de los agentes.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si abrirán una investigación interna sobre estos hechos.

Diputados independientes como Miguel Samaniego criticaron la falta de sensibilidad y empatía del gobierno ante los reclamos de la ciudadanía por un derecho tan esencial como el agua.

Desde la coalición Vamos, el diputado Miguel Ángel Campos calificó como inadmisible el uso de la fuerza para silenciar a quienes defienden su derecho a servicios básicos.

En tanto, el excandidato presidencial del Movimiento Otro Camino, Ricardo Lombana, manifestó su respaldo a Barría, resaltando que cuando una mujer valiente es atacada por alzar la voz en defensa de su pueblo, “hay que alzar la voz”.

En declaraciones difundidas en redes, la propia representante reiteró que el Gobierno de Mulino recurre a la represión y a la intimidación contra quienes alzan la voz “lo único que hacen es reprimir a las personas que exigen el derecho al agua”, denunció Barría.

Esta denuncia se suma a otros casos recientes de represión y abuso de autoridad en Panamá. La población panameña ha sido testigo de episodios similares como los ocurridos en Bocas del Toro, donde una comisión independiente reveló graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas tratos degradantes, agresiones físicas y detenciones arbitrarias por parte de la Policía Nacional.

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