Panamá: Comisión revela graves abusos y violaciones de derechos humanos en Bocas del Toro
Entre los casos más impactantes se encuentra la muerte de una niña, quien perdió la vida luego de que agentes policiales lanzaran gases lacrimógenos a su vivienda.
De acuerdo con testigos, las autoridades panameñas ingresaron a viviendas sin órdenes judiciales y detuvieron a menores de edad, ancianos y mujeres. Foto: La Estrella de Panamá
15 de julio de 2025 Hora: 14:01
Una comisión independiente integrada por abogados, defensores de derechos humanos y otros actores sociales se trasladó a la provincia panameña de Bocas del Toro para documentar los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por el Gobierno de Mulino.
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El grupo logró recopilar más de 70 testimonios que describen maltratos, agresiones y detenciones arbitrarias por parte de efectivos de la Policía Nacional antes, durante y después del estado de emergencia decretado entre el 20 y el 29 de junio.
En la provincia panameña de Bocas del Toro, el estado de excepción se implementó en medio de la inconformidad popular contra la ley 462 de reforma de pensiones, la reapertura de la mina de cobre en Donoso y la firma de un memorándum con Estados Unidos que vulnera la soberanía nacional.
Los hallazgos respaldan lo reportado previamente por la Defensoría del Pueblo e incluyen nuevos detalles sobre tratos degradantes, perfiles discriminatorios hacia comunidades indígenas y abusos hacia mujeres detenidas.
De acuerdo con testigos, uniformados ingresaron a viviendas sin órdenes judiciales, detuvieron a menores de edad, ancianos y mujeres, obligando a decenas de familias a huir hacia zonas montañosas, donde permanecieron escondidas durante días.
Entre los casos más impactantes se encuentra la muerte de una niña, quien perdió la vida luego de que agentes policiales lanzaran gases lacrimógenos a su vivienda.
También se denunció la muerte de otro ciudadano cuyo cuerpo fue retenido por las autoridades, impidiendo que sus familiares pudieran despedirse de él hasta casi diez días después.
En mayo pasado, trabajadores bananeros agremiados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuario y Empresas Afines (SITRAIBANA) —con unos 7.000 miembros— se sumaron a la huelga general junto a docentes, padres de familia y otros sectores sociales.
En respuesta, la multinacional Chiquita Brand, con el respaldo del Ejecutivo, despidió de forma masiva a unos 4.000 empleados argumentando supuesta ilegalidad de la protesta iniciada el 28 de abril.
Diversos sectores sindicales denunciaron que estos despidos forman parte de una estrategia para intimidar la lucha de los trabajadores, basada en justificaciones legales sin sustento. Paradójicamente, el propio Gobierno reconoció que la Ley 462 vulnera derechos ya adquiridos en la Ley 51, dejando en evidencia el carácter antisindical de las medidas adoptadas contra los manifestantes.
Autor: teleSUR: idg-CC
Fuente: teleSUR
