Esta iniciativa pretende alcanzar inicialmente al 60% de la población gazatí, en un contexto de bloqueo casi total impuesto por Israel durante los últimos dos meses, que ha sumido al enclave en una grave crisis alimentaria y humanitaria.

La exclusión de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) del mecanismo de distribución generó especial preocupación, ya que esta organización es históricamente el principal canal de asistencia para los gazatíes, en tal sentido, solo Organizaciones no Gubernamentales (ONG) registradas en Israel podrán operar en los centros de ayuda, lo que limita la participación de actores internacionales y aumenta la desconfianza sobre la imparcialidad y suficiencia del reparto.

Además, la ayuda entrará exclusivamente por el cruce de Kerem Shalom, bajo control israelí, y la cantidad diaria de camiones será apenas una décima parte de lo que ingresaba durante los periodos de alto el fuego.

Testimonios de residentes de Gaza expresan que la iniciativa es percibida como un mecanismo de dominación y no como un acto de solidaridad, profundizando la sensación de dependencia y pérdida de dignidad. La distribución semanal y las cantidades estrictamente limitadas han sido criticadas por ser insuficientes para evitar la desnutrición masiva.

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Por su parte, Organizaciones humanitarias y de Naciones Unidas manifestaron su rechazo al plan, argumentando que subordina la asistencia a objetivos de seguridad y estrategia militar, en vez de priorizar las necesidades urgentes de la población civil. Además, advierten que el sistema podría establecer una dependencia crónica de ayuda gestionada por actores externos, debilitando aún más la soberanía y los derechos de los palestinos.

Las autoridades israelíes justifican el control estricto como una medida para supuestamente evitar que Hamás se apropie de los suministros, aunque no han presentado pruebas concluyentes de desvíos significativos.

Líderes palestinos y miembros de Hamás han calificado la propuesta como un proyecto racista y una violación del derecho internacional humanitario, denunciando que busca aislar a los palestinos y desmantelar la causa nacional.

El plan estadounidense-israelí evidencia la politización de la ayuda humanitaria en contextos de ocupación y conflicto, y el profundo escepticismo de la sociedad gazatí ante iniciativas que perciben como instrumentos de control más que de alivio.

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