Más de 20 organizaciones sociales han manifestado su contundente rechazo al proyecto de Código Penal, aprobado por el Senado dominicano, al considerar que la pieza legal atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía, en particular los de las mujeres y los niños.

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Entre los puntos más polémicos, los grupos opositores denunciaron que el texto viola la Convención sobre los Derechos del Niño al reconocer las agresiones a los menores con fines disciplinarios. Asimismo, señalaron que la exclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo sin consecuencias penales atenta directamente contra el derecho a la vida, la salud y la integridad de las personas, un derecho reconocido por la Constitución del país.

Las organizaciones también criticaron severamente que el proyecto ponga un plazo a la persecución de los delitos de corrupción, dejando una brecha para la impunidad. Además, denunciaron que el nuevo Código exime de responsabilidad penal a entidades clave como ayuntamientos, partidos políticos y otras instituciones de carácter público, lo que socava la lucha contra el crimen de cuello blanco y la rendición de cuentas.

Los colectivos coincidieron en que, si bien la Cámara de Diputados realizó transformaciones necesarias a un código que data de un siglo, estas son «insuficientes» para proteger a la ciudadanía y garantizar un castigo efectivo a la corrupción. También criticaron la limitación de la violación en pareja a solo los casos donde hay muestra de violencia física, lo que invisibiliza otras formas de agresión sexual en el matrimonio.

A pesar del llamado a corregir los artículos conflictivos, el Senado dominicano convirtió en ley la propuesta con 26 votos a favor y uno en contra. La ahora denominada «Ley Orgánica que instituye el Código Penal de la República Dominicana» pasará al despacho del presidente Luis Abinader para su posible promulgación u observación, lo que significa que el mandatario aún puede vetarla o sancionarla.

El comunicado de rechazo fue suscrito por una veintena de organizaciones sociales, entre las que destacan la Coalición Podemos, Red Urbano Popular, la Federación Sindical Mundial Capítulo Dominicano, la Coalición por la Seguridad Social Digna y el Foro Ciudadano. Estos grupos unifican su voz para defender los derechos fundamentales y la justicia social en la nación caribeña, esperando que el presidente Abinader tome en cuenta sus observaciones antes de la promulgación.

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