Desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos, las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana se han vuelto cada vez más tensas, delicadas y complejas. Como era de esperar, con el regreso del magnate la hostilidad estadounidense hacia la isla caribeña ha vuelto a cobrar fuerza en la Casa Blanca.

En las últimas semanas, la tensión se ha intensificado debido a las polémicas actuaciones del jefe de misión de la Embajada de EE.UU. en Cuba, Michael A. Hammer, quien ha iniciado una gira por la isla caribeña con el fin de reunirse con diversos sectores de la oposición política.

A principios de mayo, Hammer difundió un breve video en el que anunciaba que recorrería la isla para escuchar a «cualquiera que quisiera compartir sus perspectivas e ideas». El mensaje fue publicado en las redes sociales oficiales de la embajada estadounidense en Cuba.

Desde entonces, el jefe de la misión ha sostenido varios encuentros con figuras de la oposición, publicitados a través de sus redes sociales. La Habana ha calificado estas acciones como provocaciones e injerencias en los asuntos internos del país.

Según analistas consultados por Brasil de Fato, la representación diplomática estadounidense busca provocar una crisis mediante acciones deliberadamente intervencionistas, ampliamente difundidas en las redes sociales.

Uno de los puntos centrales del debate sobre la actuación de la embajada es el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece que “el personal diplomático está obligado a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado receptor”.

Mientras La Habana señala que Hammer está sobrepasando los límites de la diplomacia tradicional con el fin de entrar en el terreno de la intervención política, las autoridades estadounidenses afirman que estas reuniones son solo una forma de “conocer el país” y ”escuchar a los ciudadanos cubanos”.

El viernes 30, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba difundió un comunicado en el que informa haber vuelto a convocar al Encargado de Negocios de Estados Unidos “en protesta por su conducta irrespetuosa”.

Según señala el comunicado, la embajada estadounidense estaría incentivando “a ciudadanos cubanos a cometer actos delictivos de marcada gravedad, atentar contra el orden constitucional, actuar contra las autoridades y manifestarse en apoyo a intereses y objetivos de una potencia extranjera hostil, lo que configura una conducta provocadora e irresponsable por parte del diplomático”.

Asimismo, advierte que la inmunidad diplomática de la que goza Hammer “no puede ser utilizada como cobertura para actos contrarios a la soberanía y al orden interno del país ante el cual está acreditado”.

«Vamos a volver a adoptar una política dura contra el régimen cubano»

El pasado sábado 24 de abril, en el marco de una gira por Estados Unidos, el jefe de misión Michael Hammer ofreció una rueda de prensa en Miami ante medios de comunicación vinculados a la oposición cubana. Durante la misma, abordó la actual política de la administración Trump hacia Cuba y las recientes actividades de la embajada estadounidense en la isla.

«Empezaría diciendo —y creo que ustedes ya lo saben, pero vale la pena reforzarlo— que la política de la administración Trump, encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, es muy clara. El propio secretario Rubio ya lo manifestó el 4 de febrero, cuando dijo: adoptaremos una vez más una política dura contra el régimen cubano», declaró al comienzo de su intervención.

Estas palabras coinciden con una escalada de las medidas restrictivas impulsadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2024. Entre ellas, se incluye la reincorporación de Cuba a la lista de Estados patrocinadores del terrorismo y a otra de naciones que no cooperan plenamente con los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo; decisiones que impactan directamente en el comercio y la inversión extranjera en la isla.

Hammer también señaló durante la rueda de prensa que el gobierno estadounidense está endureciendo las leyes migratorias que impiden la concesión de visados a miembros de la dirección del Partido Comunista de Cuba y a quienes han ocupado cargos importantes en los últimos años.

Sobre la actividad de la embajada de EE.UU. en Cuba, Hammer aseguró que las reuniones continuarán. “Es importante, una vez más, establecer contacto con el pueblo cubano para dejar claro que la administración Trump y nuestro secretario de Estado, Marco Rubio, están atentos a su situación, preocupados por ella y desean ver cambios”, afirmó.

La rueda de prensa fue retransmitida por Radio y TV Martí, medios autodenominados “independientes”, pero financiados por el gobierno estadounidense con el objetivo declarado de promover la “democracia” y la “libertad de información” en la isla.

Estos medios son financiados por la Oficina de Transmisiones para Cuba (OCB), organismo que supervisa sus emisiones. En marzo de 2024, recibió 25 millones de dólares en fondos públicos para sostener sus operaciones.

A principios de enero de este año, a través de su cuenta en X, la embajada de EE.UU. informó que Hammer había “visitado Radio y Televisión Martí durante su estancia en Miami para conocer más de cerca el trabajo que realizan informando sobre lo que ocurre en Cuba”.

Por su parte, la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba para Asuntos de Estados Unidos, Johana Tablada, respondió públicamente en redes sociales, denunciando que la conferencia de prensa de Hammer no fue un evento neutral, sino una “operación política cuidadosamente planificada”.

Señaló que el objetivo del acto era legitimar la injerencia diplomática como “solidaridad”, encubrir las sanciones impuestas por Estados Unidos, eximir al país de responsabilidad por el bloqueo económico y posicionar a figuras contrarrevolucionarias —financiadas por Washington— como portavoces legítimos del pueblo cubano.

Del «ataque sónico» a la ofensiva diplomática

Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba permanecieron rotas desde 1961, cuando Washington cortó oficialmente los lazos con la isla. Más de cincuenta años después, comenzó un proceso de acercamiento.

En 2015, durante los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro, se inició una iniciativa de diálogo conocida como el «deshielo», que culminó con la normalización de las relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas en ambas capitales.

Aunque se mantuvo el embargo económico —ya que su revocación depende de la aprobación del Congreso estadounidense—, la reapertura de la embajada de EE.UU. en La Habana supuso un paso importante en la “normalización de las relaciones”, que tuvo como objetivo facilitar el diálogo sobre cuestiones migratorias y económicas.

Sin embargo, este proceso duró poco. Con la llegada de Donald Trump a la presidencia en 2017, la política estadounidense hacia Cuba volvió a adoptar un tono claramente hostil. El gobierno republicano implementó lo que denominó una estrategia de “máxima presión”, revirtiendo todas las medidas de acercamiento impulsadas por la administración Obama e imponiendo nuevas y severas sanciones económicas.

En ese contexto, en septiembre de 2017, Estados Unidos decidió retirar a todo el personal no esencial de su embajada en Cuba. El Departamento de Estado justificó la repentina medida alegando que, desde hacía varios meses, sus empleados experimentaban una serie de síntomas inexplicables, como mareos, vértigo, confusión mental y pérdida parcial de audición. Sin aportar pruebas concretas, la institución atribuyó estos episodios a supuestos “ataques sónicos”.

La prensa internacional no tardó en hacerse eco de las acusaciones del Departamento de Estado, bautizando el fenómeno como “síndrome de La Habana”. En ese momento, la agencia Associated Press (AP) difundió una grabación de audio realizada por funcionarios diplomáticos como prueba del supuesto “ataque sónico”. El “extraño sonido” fue descrito por los diplomáticos como un ruido que se escuchaba durante la noche.

Dada la gravedad de las acusaciones, el audio fue sometido a una investigación científica llevada a cabo por las universidades de Berkeley (Estados Unidos) y Lincoln (Reino Unido). Los resultados, publicados en 2019, revelaron que el sonido en cuestión no era más que el canto de un grillo común.

A pesar de lo insólito del caso, las acusaciones ya habían tenido efectos concretos: la administración Trump utilizó el supuesto “ataque” como justificación para reducir drásticamente el personal de la embajada y suspender gran parte de los servicios consulares ofrecidos a los ciudadanos cubanos.

Pese a las promesas electorales, durante el gobierno demócrata de Joe Biden la mayoría de las sanciones impuestas por su predecesor se mantuvieron. Cuba permaneció en la “lista de países que patrocinan el terrorismo”, elaborada unilateralmente por el Departamento de Estado estadounidense, a pesar de los reiterados llamamientos de la comunidad internacional para su retirada —incluso de la Asamblea General de la ONU, hasta apenas una semana antes del final de la administración demócrata—.

Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, la política de “máxima presión” volvió a ser una prioridad en Washington.

Texto publicado originalmente en Brasil de Fato

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