El Parlamento de Nicaragua aprobó este martes una nueva Ley de Territorio Fronterizo, que consolida la soberanía del país sobre la franja fronteriza de 15 kilómetros, lo cual representa un paso significativo en la seguridad nacional y el control territorial para el país centroamericano.

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Con la aprobación de esta nueva normativa, se define que el territorio fronterizo comprende una franja de 15 kilómetros desde la línea fronteriza convencional hacia el interior del país, declarada como propiedad exclusiva del Estado nicaragüense.

Esta definición legal es clave para asegurar el resguardo del país ante amenazas externas y delitos transnacionales que afectan la estabilidad y tranquilidad de las comunidades en esa zona.

La ley deroga la antigua Ley 749, que anteriormente dividía la zona en tres subzonas y restringía la presencia de actividades privadas, situando su control directamente en manos del Ejército nicaragüense. La nueva legislación, en cambio, simplifica el régimen territorial y fortalece el control estatal de forma integral, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta ante problemas como el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el crimen organizado.

Seguridad y soberanía como objetivos principales

El diputado Edwin Castro, explicó que esta ley garantiza la defensa de los intereses nacionales sin perjudicar a los residentes de la franja. El propósito principal es dotar al Estado de herramientas más efectivas para la vigilancia y protección de sus fronteras, aumentando la cohesión entre las fuerzas de seguridad y los organismos de control.

La franja fronteriza es una zona de especial importancia para Nicaragua, debido a su ubicación limítrofe con países vecinos y su vulnerabilidad ante actividades ilícitas transfronterizas.

Con esta legislación, el Estado de Nicaragua reafirma su control soberano, facilitando la coordinación interinstitucional y reforzando la presencia institucional en todo el territorio declarado.

Esta consolidación ocurre en un contexto regional marcado por desafíos comunes, donde la seguridad fronteriza se vuelve prioritaria para países centroamericanos. Nicaragua, con esta acción legislativa, busca fortalecer su posición de manera sostenible y clara, estableciendo una línea de defensa jurídica y operativa.

La ley entra en vigencia desde su publicación y establece mecanismos para que su aplicación se mantenga bajo parámetros legales ajustados, garantizando el respeto a los derechos humanos y a los habitantes de la zona.

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