Mujeres panameñas alzan su voz contra el desmantelamiento del Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer, creado en 2023, representa un logro significativo tras años de lucha por parte de los movimientos feministas panameños.

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El Ministerio de la Mujer es el único organismo encargado de atender a las mujeres, requiriendo personal profesional especializado en psicología, trabajo social y derecho. Foto: EFE.


29 de julio de 2025 Hora: 16:41

El reciente anuncio del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, de disolver el Ministerio de la Mujer como parte de un plan de austeridad para reducir el gasto público, desató preocupación y protestas entre organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos.

La medida, que busca trasladar las políticas de género al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), es calificada como un «retroceso inaceptable» que pone en riesgo los avances logrados en materia de igualdad y protección de las mujeres en el país.

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Activistas como Elizabeth Taylor y la abogada Gilma Camargo, defensora de los derechos de las mujeres afrodescendientes, lamentan la decisión, enfatizando que representa un abandono de la responsabilidad estatal hacia la mitad de la población.

El Ministerio de la Mujer, creado en 2023, ha sido un logro significativo tras años de lucha por parte de los movimientos feministas panameños. Entre sus objetivos, busca centralizar políticas de prevención de la violencia, programas de autonomía económica y la recolección de datos desagregados por género, elementos cruciales para la formulación de políticas públicas efectivas.

El Gobierno de Mulino argumenta «optimización de recursos» y la existencia de «mecanismos de protección» en el MIDES. Sin embargo, esta narrativa es cuestionada.

La trabajadora social Bexi Taylor advierte que transformar el ministerio en una dirección dentro de otro departamento debilitará su autonomía y capacidad para abordar de manera integral los desafíos que enfrentan las mujeres. El Ministerio de la Mujer es el único organismo encargado de atender a las mujeres, requiriendo personal profesional especializado en psicología, trabajo social y derecho.

Por su parte, la exministra de Desarrollo Social, María Inés Castillo, quien impulsó la ley de creación del Ministerio, subraya que este no es un programa social, sino una política de Estado de la más alta jerarquía.

De acuerdo con Castillo, evaluar una entidad con tan solo dos años de funcionamiento y un presupuesto limitado (apenas 0.04 por ciento del gasto estatal total) es prematuro e injusto.

Organismos como la Defensoría del Pueblo de Panamá y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI) de la OEA han expresado su preocupación. La institución nacional recordó que Panamá ha ratificado la Convención de Belém do Pará de 1994, que exige al Estado la adopción de políticas activas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

En este sentido, la eliminación del ministerio podría generar mayor vulnerabilidad ante problemas como el feminicidio y la violencia doméstica.

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El MESECVI-OEA advirtió que esta medida implica una reducción de la autonomía y autoridad institucional, lo que contradice el principio de no regresividad de los derechos humanos y los compromisos internacionales de Panamá, incluyendo el tratado del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing.

Las movilizaciones para la creación del Ministerio de la Mujer cobraron impulso en un contexto de aumento de feminicidios. Aunque la cifra de denuncias se redujo a 15 en 2023 tras la creación del ministerio, datos recientes de 2024 muestran 23 mujeres asesinadas y 8 en los primeros seis meses de 2025. La activista Elizabeth Taylor señala que, si bien es pronto para evaluar la eficacia total del ministerio, las estadísticas demuestran que aún hay un largo camino por recorrer.

La abogada Gilma Camargo destaca la lucha de clases inherente a esta decisión, ya que afecta desproporcionadamente a mujeres pobres, indígenas y campesinas, quienes dependen directamente de las políticas públicas para su protección y bienestar.

La decisión sobre el Ministerio de la Mujer se suma a una creciente ola de descontento popular contra el Gobierno de Mulino, marcada por protestas contra una reforma de pensiones aprobada sin consenso. La Ley 462, que eliminó el principio de solidaridad entre generaciones y favorece un modelo de cuentas individuales, ha sido fuertemente criticada y reprimida.

El Ministerio de la Mujer cuenta con un presupuesto anual de B/.11.450.911 (once millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos once balboas), mientras que el Ministerio de la Presidencia opera con B/.200.003,012  (doscientos millones tres mil doce balboas), a pesar de que sus funciones se duplican por otras entidades. Como señala la Fundación Todas Somos, la violencia doméstica y los delitos sexuales siguen siendo los más denunciados en Panamá, afectando principalmente a mujeres.

El desmantelamiento de este Ministerio no solo es un retroceso en los derechos de las mujeres, sino que también debilita la capacidad de Panamá para interactuar con organismos internacionales y acceder a cooperación técnica y financiera en materia de género.

El Ministerio de la Mujer no es un gasto, es una urgencia. Su existencia y permanencia reflejan el compromiso de un Estado con la vida, la integridad y el bienestar de las niñas, adolescentes y mujeres panameñas. Es por ello que los movimientos de mujeres y organizaciones de derechos humanos se mantienen movilizados, esperando que la Asamblea Nacional, la cual creó el Ministerio por ley, revoque esta decisión y proteja los derechos de la mitad de la mitad de la población.

Autor: TeleSUR: ig - RR

Fuente: Agencias