Tras la aprobación del Proyecto de Ley 2.159/2021, conocido como la «Ley de Devastación«, en la madrugada del pasado jueves 17 de julio por parte de la Cámara de Diputados de Brasil, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) denunció la medida alegando que el proyecto es un «crimen ambiental coordinado«.

En esta misma línea, el MST exige al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el veto total del proyecto de ley que, según el movimiento social, representa uno de los mayores retrocesos ambientales desde la dictadura militar. Desde la reciente aprobación, Lula tiene 15 días hábiles para firmar o vetar la nueva ley.

Por su parte, Renata Menezes, de la coordinación nacional del MST, enfatizó que, si bien el veto presidencial es crucial, el éxito dependerá fundamentalmente del apoyo de las movilizaciones populares. La organización está dispuesta a llevar el asunto a los tribunales si el veto es parcial o no se revoca, destacando que más de 350 organizaciones ya han advertido sobre las graves consecuencias de esta propuesta.

Menezes afirmó que la aprobación de esta ley muestra cómo los intereses del agronegocio y las grandes transnacionales están «muy bien articulados» en el Congreso para seguir cometiendo crímenes ambientales sin ser castigados.

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Otra preocupación para el MST es el avance del Proyecto de Ley 8262/2017, que autoriza el uso de la fuerza policial para recuperar tierras sin orden judicial. Menezes clasificó este proyecto como un ataque directo a las comunidades rurales, buscando criminalizar a quienes luchan por la tierra, incluyendo a pueblos indígenas y quilombolas.

En tanto, alertó que esto podría fomentar la violencia en el campo y aumentar los asesinatos de comunidades campesinas y tradicionales.

Según el MST, estos retrocesos son parte de una reacción de la bancada ruralista tras la derrota de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del MST en 2023, un intento de retomar la iniciativa por parte del sector bolsonarista.

Sobre las perspectivas de una reforma agraria efectiva, Menezes señaló un clima político desafiante. A pesar de que la reforma agraria es un proyecto nacional fundamental, se enfrenta a una constante «lucha de intereses de clase» y a un equilibrio de poder en el Congreso que favorece «extremadamente los intereses de la agroindustria«.

Aunque reconoce el papel del Gobierno de Lula en la reconstrucción de la democracia, el MST mantendrá su postura crítica y autónoma. «Nos gustaría que el Estado brasileño desempeñara un papel más decisivo y que el presidente Lula asumiera un papel más protagónico en la implementación de la reforma agraria», concluyó Menezes.

La aprobación de la Ley de Devastación ha provocado miles de protestas en Brasil. A principios de julio, miles de brasileños salieron a las calles en 12 estados, incluyendo Sao Paulo y Brasilia, para exigir el archivo del proyecto de ley.

Las manifestaciones se centraron en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, demandando que se retomen los análisis previos de impacto ambiental. El proyecto de ley, aprobado el 21 de mayo por el Senado Federal de Brasil, busca simplificar los procedimientos para otorgar licencias ambientales mediante formularios en línea, eliminando el análisis previo de las agencias ambientales.

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