Desde el lunes 26 de mayo, los dirigentes de diversos movimientos sociales bolivianos iniciarán movilizaciones en la ciudad de La Paz, con una concentración de representantes de los nueve departamentos del país. Los líderes han declarado que las protestas serán indefinidas hasta lograr sus demandas, que incluyen la salida del actual Gobierno del presidente Luis Arce y la reorganización del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

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Por su parte, el TSE respondió a las inquietudes sobre la posible candidatura presidencial del exmandatario Evo Morales para las elecciones del 17 de agosto próximo, aclarando que no ha inhabilitado su candidatura y que su participación dependerá de la postulación por un partido político. La decisión oficial sobre los candidatos inscritos será anunciada el 6 de junio siguiente, conforme al calendario electoral.

Las movilizaciones se dan en un contexto de incertidumbre política, marcado por una serie de recursos judiciales que buscan excluir a varios candidatos de la contienda electoral. En total, se han presentado 14 acciones legales al Tribunal Supremo Electoral, lo que ha generado preocupación sobre la independencia del proceso comicial.

Ante esta situación, miembros del TSE han expresado inquietudes sobre la injerencia del Poder Judicial en las decisiones electorales, señalando que esta interferencia ha generado retrasos en la elección de magistrados y podría afectar el desarrollo del proceso electoral. Incluso, algunos funcionarios han considerado la posibilidad de renunciar si no se garantizan las condiciones necesarias para llevar adelante las elecciones.

Actualmente, 10 frentes y partidos están inscritos para participar en los comicios del 17 de agosto, pero el TSE anunciará el 6 de junio cuántos continúan en carrera, en un ambiente de incertidumbre y tensiones políticas.

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