El gobierno del presidente José Raúl Mulino instaura en Panamá un «Estado policiaco», eliminando las garantías democráticas y reprimiendo con violencia las protestas sociales. Así lo expuso el politólogo panameño Richard Morales en una entrevista con teleSUR, donde alertó sobre el uso sistemático de la fuerza pública, la criminalización de la disidencia y los intentos de convertir al país en un «protectorado» de Estados Unidos, mediante acuerdos militares y políticas económicas neoliberales.

LEA TAMBIÉN:

Canal de Panamá, BlackRock y la retórica de seguridad nacional de EE.UU.

«Lo que rige en Panamá es un Estado policiaco. Lo que quedaba del Estado de Derecho panameño ya ha sido anulado por el gobierno de José Raúl Mulino», señaló el politólogo panameño.

Según el analista, las libertades fundamentales —especialmente las de quienes protestan— ya no están garantizadas, y el gobierno actúa para imponer los intereses de la clase dominante panameña y de Estados Unidos

Entre las tácticas represivas señaladas por el entrevistado, se destacan los allanamientos ilegales a sedes de organizaciones sociales y sindicales, detenciones arbitrarias de manifestantes, la confiscación de fondos a sindicatos y chantaje y coerción contra líderes populares.

El objetivo del Ejecutiva, para Morales no es otro que destruir la resistencia social y evitar que se repitan las protestas masivas de 2022 y 2023, cuando el pueblo obligó al Estado a derogar la ley minera y a dialogar: «No quiere que se repita lo del 2023, donde el pueblo panameño en las calles detuvo el proyecto de la minería».

Uno de los blancos principales es el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción (SUNTRACS), históricamente crítico de las políticas neoliberales. «Buscan acabar particularmente con lo que es una de las organizaciones más beligerantes en el país», afirmó.

Morales vinculó la represión interna con la subordinación geopolítica a Washington. En este sentido mencionó la firma del memorándum de entendimiento que permite bases militares estadounidenses en Panamá, la imposición de políticas como la Ley 406 (privatización de pensiones) y la reactivación de la minería, ambas rechazadas por la mayoría.

«Con la instalación de bases militares en Panamá, lo que ha venido a hacer Estados Unidos es reforzar a la Fuerza Pública panameña para que puedan reprimir y convertir a Panamá efectivamente en un satélite, en un protectorado estadounidense», denunció.

Morales contrastó la persecución a sindicalistas con la protección a figuras corruptas como la del expresidente Ricardo Martinelli (condenado por corrupción), quien recibió facilidades para asilarse en Nicaragua, mientras que líderes como Saúl Méndez (SUNTRACS) enfrentan la criminalización y amenazas a su seguridad física.

Pese a la represión, Morales destacó que siguen las movilizaciones y remarcó que tanto docentes como pueblos indígenas (ngäbe y emberá), estudiantes y campesinos mantienen protestas. Todo esto pese a las acciones del Estado que buscan mediante la represión excesiva y la persecusión atemorizar a la población: «El gobierno ha sido brutal. Imágenes del gobierno invadiendo comunidades, golpeando a niños, golpeando a mujeres indígenas, a docentes tratando de humillarlos».

Para Morales, Panamá vive un retroceso autoritario sin precedentes, pero la resistencia persiste. «Estamos en Panamá bajo un Estado policiaco donde las garantías fundamentales poco importan ya (…). Todos los que adversan al gobierno van a enfrentar distintas medidas de fuerza y violencia», advirtió.

EN ESTA NOTA: